Más de medio centenar de abogados y procuradores de la provincia de Almería ha registrado un escrito en la Subdelegación de Gobierno dirigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el que expresan su disconformidad con la posibilidad de habilitar procesalmente el mes de agosto puesto que, según indican, esta medida "redundaría en una disminución de las garantías de los justiciables", entre otras cuestiones, al operar en un periodo vacacional.

   Según señala el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, esta medida "se trata de una aproximación errada a la situación actual" ya que, según explica el colectivo, la inhabilitación del mes de agosto "no obedece, en contra de lo apuntado por el ministro de Justicia, a inercias históricas, sino a la voluntad del legislador, con la previsión, incluso de autorización al Consejo General del Poder Judicial para resolver mediante reglamento situaciones especiales".  

  Recuerdan además que el parón a efectos procesales de agosto está determinado por el artículo 138 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras leyes procesales. Además, añaden que la inhabilitación de agosto, permite a los abogados y procuradores "irse algunos días seguidos de vacaciones sin tener que estar pendientes de que les notifiquen algo con un plazo que fine en tres días" mientras que "los jueces y demás funcionarios de la Administración de Justicia no tienen ese problema, puesto que los tiempos los ponen ellos mismos".

   "Hay que estar mal informado para habilitar el mes de agosto, en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, ello significa que se podrían celebrar juicios y vistas en ese mes, y el problema sería que acudieran las partes, testigos o peritos", alegan también los firmantes del escrito, quienes advierten de que la medida en cuestión afecta a un periodo en el que se produce un "importante cambio en la actividad ordinaria de la ciudadanía" por lo que afectaría al sistema de notificaciones, especialmente si se pone en marcha el sistema de notificaciones informático.

   Según las consideraciones expresadas por uno de los impulsores de la medida, la habilitación de agosto conllevaría a la suspensión de vistas orales por falta de personal, peritos o incluso acusaciones, por lo que se piden medidas "más eficaces y menos populistas" que redunden, especialmente, en la falta de medios. "La habilitación de agosto no va a resolver la carga de los juzgados de lo Penal, que afrontan 5.000 diligencias al año" en el caso de Almería, según ha explicado a modo de ejemplo.  

  Con esto, los abogados firmantes, que reconocen que "nada impide trabajar en agosto" ya que "de hecho, se trabaja" pese a que "no cuenta a efectos de cómputos de plazo"; consideran "improcedente e inadecuada" la puesta en marcha de esta medida, por lo que solicitan que no se modifique el régimen de inhabilitación del mes de agosto efectos procesales.  

  El escrito también se ha trasladado a la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Almería para que, asumiendo estos planteamientos, dé traslado de los mismos al Consejo Andaluz de la Abogacía y al Consejo General de la Abogacía Española, solicite de los mismos su pronunciamiento favorable a la opinión expresada y su manifestación pública al respecto, y adopte las iniciativas precisas a impedir la consumación de lo anunciado.