Amorós, que ha permanecido en el Juzgado Central de Instrucción número 3 durante casi de tres horas, ha respondido a las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción y por el representante legal del FROB y ha indicado que asumió el cargo únicamente durante ocho meses. "Los cuatro primeros tuvo delegadas las funciones al Sistema Institucional de Protección (SIP) y los cuatro últimos la entidad permaneció bajo la intervención del Banco de España", ha precisado el letrado.

   La exdirectora general de la CAM, que fue adjunta al cargo entre los años 2001 y 2010, se ha desligado también de responsabilidades en el lanzamiento de participaciones preferentes, a pesar de que el exdirector de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Teófilo Sogorb, apuntó el pasado martes que fue ella la impulsora del sistema. En concreto, Amorós ha negado haber lanzado ningún tipo de producto que supusiera un riesgo para la entidad.

   Amorós, a la que el juez Javier Gómez Bermúdez, imputa junto a otros cuatro directivos de la Caja, la comisión de delitos societarios, apropiación indebida, estafa y alteración del precio de las cosas, ha respondido también a varias preguntas sobre sus retribuciones anuales y su plan de pensión.

 RETRIBUCIONES ANUALES

   La exdirectora general acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.  

   Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) acordaron despedirla a finales de 2011 y la exdirectora general recurrió esta decisión y pidió al menos diez millones de euros. No obstante, la juez declaró procedente su despido.    Sobre estas cantidades Amorós ha asegurado que no fue ella quien ordenó su subida de sueldo y ha agregado que la provisión de su pensión estaba ya decidida antes de su nombramiento. También ha dicho que no participó durante los ocho meses de su mandato en decisiones sobre préstamos.

   Con la declaración de la exdirectora de la CAM termina una intensa semana de interrogatorios en la Audiencia Nacional, en la que han desfilado otros tres directivos de la caja que han coincidido en negar responsabilidades sobre las decisiones que desencadenaron, junto a otros factores, la quiebra de la entidad.

   Gómez Bermúdez tiene aún pendiente tomar declaración el próximo lunes a los peritos de la auditora PWC que elaboraron los informes sobre el análisis de los estados financieros de la caja de ahorros y sobre las jubilaciones vitalicias y prejubilaciones, que se autoadjudicaron los antiguos gestores.  

  Además, interrogará el jueves por la tarde al exdirector general Roberto López Abad, antecesor de Amorós, y cuya declaración, prevista en principio para el jueves, fue aplazada.  

  La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.  

  En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.