En medio de un histórico desplome en su apoyo popular, y cuando la economía atraviesa por una fuerte desaceleración, la mandataria socialista citó a un conclave con dirigentes de los partidos oficialistas para fijar las reformas que impulsará en medio de un complejo escenario interno e internacional.

   "Hemos fijado una hoja de ruta muy clara de cuáles son los proyectos prioritarios durante este y el próximo año", ha dicho Bachelet a periodistas al término del encuentro.

   "Con los plazos realistas que define la hoja de ruta, estamos consolidando el compromiso que asumimos ante la ciudadanía al inicio de este gobierno y estamos integrando las demandas actuales que inquietan a la ciudadanía", ha agregado.

   En materia de educación, la presidenta rebajó a un 50 por ciento desde un anterior 60 por ciento la meta inicial de acceso gratuito a la educación superior a partir del próximo año, junto con la incorporación de mejoras al proyecto de desarrollo profesional docente.

   También ha indicado que el Gobierno seguirá adelante con la tramitación de una ley que moderniza las relaciones laborales, "equilibrando avances contundentes en la defensa de los derechos trabajadores, como un derecho de huelga efectivo, pero al mismo tiempo, promoviendo el empleo y el crecimiento".

   En un intento por estimular una deprimida inversión, que ha arrastrado un débil desempeño de la economía este año, Bachelet ha afirmado que creará un fondo de infraestructura para así dinamizar al sector de la construcción, intensivo en mano de obra.

   Los anuncios de Bachelet han llegado después de que un sondeo privado arrojase una histórica desaprobación del 70 por ciento hacia la mandataria, en una señal del desgaste del Gobierno en medio de un frenazo económico y críticas por el modo en que se ha manejado la discusión de algunas reformas.

   En un guiño hacia al sector empresarial, la mandataria ha anunciado que realizará "un diálogo técnico con todos los sectores" para simplificar la aplicación de una millonaria reforma tributaria aprobada el año pasado, pero sin alterar la recaudación ni los plazos de su aplicación.

   "Todas estas medidas nos van a servir para apuntalar tanto la confianza como la creación de empleo", ha asegurado Bachelet.

   Junto con ello, la mandataria ha insistido en su intención de iniciar en septiembre un proceso para iniciar la discusión de una nueva Constitución, un tema aplaudido por la centro izquierda, pero rechazado por conservadores y los empresarios.