El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha asegurado este sábado que los honorarios percibidos por la ejecución de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia han sido "siempre, desde el primer contrato, ajustados a la calidad del trabajo desarrollado" y al volumen de la obra, que ha sido "siempre auditada" por los órganos de control competentes.

   En un comunicado remitido a los medios por su abogado, Calatrava ha salido al paso así de las críticas realizadas por el diputado de EUPV Ignacio Blanco sobre los honorarios recibidos por el arquitecto, que cifró en 94 millones de euros.  

  Al respecto, ha destacado que durante los últimos 20 años nadie ha cuestionado estos honorarios "por considerarlos abusivos o lesivos para el interés público" y ha destacado que "pretender aprovechar la coyuntura económica para criticar un proyecto cuyas bondades nadie ha discutido es una actitud incalificable".

   "Discutir la oportunidad política de la inversión realizada es una cuestión que no me corresponde, pero es evidente que ha contado con el apoyo popular de los votos en las urnas y, por tanto, con la legitimidad que ello le otorga", señala el arquitecto en el comunicado, en el que recuerda que "todas las fuerzas políticas que en estos años han gobernado en la ciudad y la Generalitat han respaldado este proyecto, que ha trascendido las fronteras del país y han situado la ciudad de Valencia en el lugar que por su historia le corresponde".

INVERSIÓN "RECUPERADA CON CRECES"  

  Asimismo, ha destacado que la inversión pública realizada en este complejo, que ha calificado como "uno de los mayores focos de difusión cultural de toda Europa", será "recuperada con creces, si no lo ha sido ya".  

  A su juicio, los cuatro días que Blanco dice haber estado estudiando la documentación sobre CACSA son "del todo insuficientes" para "poder comprender y valorar  el trabajo realizado durante más de más de 20 años.  

  El arquitecto ha explicado que en abril de 2011, cuando EUPV comenzó "una campaña de ataque" contra su persona, "realizando declaraciones calumniosas y presentando una denuncia ante la Fiscalía que sería archivada posteriormente", su letrado solicitó una reunión con la diputada de la formación Marina Albiol para aclarar cualquier extremo que considerase necesario en cuanto a los contratos, petición que fue rechazada.

 DIFAMACIÓN E IRRESPONSABILIDAD   

 Un año después, ha lamentado, se insiste en esta misma "táctica difamatoria". Aunque admite que la obra que ha creado a lo largo de casi 40 años "dé lugar, en ocasiones, a la polémica", insiste en que merece "respeto en las críticas, y que las mismas se deben de ajustar a la verdad y hacerse desde el conocimiento de las circunstancias".

   "Lo contrario constituye una irresponsabilidad y una difamación, al poner en bajo concepto y estima mi persona", ha advertido el arquitecto, que ha criticado también la alusión a la residencia en Suiza de su sociedad de arquitectura e ingeniería con la no repercusión del IVA en sus honorarios.  

  A su entender, estas opiniones "sólo pueden ser fruto del más absoluto desconocimiento de la naturaleza jurídica y mecanismo de funcionamiento de este impuesto", por lo que ha recomendado a Ignacio Blanco que se "ilustre" en este aspecto para evitar realizar declaraciones difamatorias.  

  Ha explicado, además, que "las circunstancias" de su vida le llevaron a tener que abandonar España hace 40 años e instalarse en Suiza, donde completo sus estudios, formó una familia y fijó su sede residencia profesional, algo que "no ha sido obstáculo para desarrollar mi actividad profesional en todo el mundo".

 "POSIBLES ACCIONES JUDICIALES"  

  Por todo ello, Calatrava considera que la "falta demostrada de interés del grupo parlamentario EUPV por conocer los hechos" le hace plantearse "dudas respecto a la legitimidad de las motivaciones que se esconden detrás de estas actuaciones", por lo que, según ha anunciado, se reserva "las posibles acciones judiciales que puedan proceder".  

  También ha reiterado que su filosofía de trabajo consiste en "una absoluta seriedad y ética profesional, independencia del signo político que coyunturalmente dirige la Administración pública contratante y una constante preocupación por el interés de los  ciudadanos".