El Gobierno de la Generalidad en funciones ha acordado un decreto ley para la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios, con el que pretende sortear el veto del Gobierno a que las autonomías puedan aplicar este tipo de gravamen.

   En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, el portavoz del Govern en funciones, Francesc Homs, ha explicado que el Ejecutivo ha acelerado la creación de este gravamen --con el que prevé recaudar cerca de 500 millones de euros anuales-- para avanzarse al Gobierno y "blindar ese espacio fiscal".    Homs ha considerado una "fea maniobra" que el Estado anunciase la creación de este impuesto con un tipo impositivo de cero para que las autonomías no pudieran crearlo, después de que el Tribunal Constitucional (TC) dictaminase a favor de que Extremadura aplicase este tributo.   

 "Es algo nunca visto", ha lamentado el portavoz de la Generalitat, que ha explicado que tratarán de acelerar los trámites para que el impuesto catalán entre en funcionamiento antes de que el Ejecutivo central finalice el trámite del suyo.

    En esta carrera por crear primero el tributo, Homs ha explicado también que ya que el Gobierno estudia que, una vez aprobado, tenga carácter retroactivo a 1 de diciembre, la Generalitat hará que el suyo lo tenga para un día antes.    Así, el decreto ley elaborado por el Govern y que entrará en vigor una vez publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) --presumiblemente este miércoles-- y que debe ser convalidado por el Parlament en el plazo de un mes, tendrá carácter retroactivo a 30 de noviembre.  

  Homs ha afirmado que el Gobierno ha impulsado su propio tributo para que Cataluña no crease el suyo, y ha criticado que se ponga impedimentos a las medidas que adopta la Generalitat para cumplir su objetivo de déficit, en relación al recurso contra el euro por receta: "Ni hacen ni dejan hacer".   

 Las autonomías que ya cuentan con este tributo, como Extremadura y Andalucía, deberán recibir una compensación por la pérdida de estos ingresos si el Estado acabe aplicando su propio tributo, una compensación que podría recibir también la Generalitat si fructifica su apuesta por crear el gravamen antes que el Estado.   

 El impuesto que creará el Govern, cuyos detalles todavía se desconocen, impide que las entidades bancarias carguen sobre los clientes el coste de este gravamen, y prevé bonificaciones para oficinas en núcleos de poca población o por la aplicación de obra social.

PLANTEADO POR ERC   

 El impuesto sobre los depósitos bancarios es una figura impositiva que ERC ha puesto sobre la mesa de las negociaciones que mantiene con CiU para garantizar la estabilidad del futuro Ejecutivo catalán y la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat.   

 Aunque ha desvinculado la creación del tributo de las negociaciones para dar estabilidad, el portavoz del Govern ha reconocido que todo "ayuda" a que las conversaciones entre nacionalistas e independentistas lleguen a buen puerto.    ERC ya había planteado la creación de este impuesto durante la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2012, aunque entonces el Ejecutivo catalán declinó esta fórmula y optó por pactar las cuentas con el PP.