El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha alertado este viernes de la posibilidad de que haya un "estallido social" en España porque "la gente está muy harta" de la corrupción y de la situación de "deterioro social" en la que está sumido el país y de la que ha responsabilizado al Gobierno.  

  "El clima que es está creando en nuestro país, que está creando el Gobierno y las situaciones que estamos conociendo están propiciando que se puedan producir situaciones de estallido social porque la gente está muy harta", ha comentado Lara, aunque ha dicho desconocer en qué puede concretarse ese "estallido".  

  En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Lara ha a adelantado que, a falta de la decisión oficial que este sábado adoptará el Consejo Político de IU, su organización apoyará todas las movilizaciones que se convoquen para protestar contra la corrupción, especialmente la que han convocado varios colectivos sociales también contra los recortes para el próximo 23 de febrero.

   Para intentar acabar con todo tipo de corrupción, IU ha registrado una proposición de ley en el Congreso y ha emplazado al PP a permitir su tramitación si quiere demostrar que tiene una voluntad real de tomar medidas para poner fin a este fenómeno que "invade" España y "socava las bases de la democracia".

REFORMAR OCHO LEYES  

  La federación de izquierdas defiende legislar en cuatro sentidos: mejor tipificación e incremento de penas por delitos relacionados con la corrupción; mejora de la transparencia en la gestión y la contratación pública; reformas legales en los procesos urbanísticos susceptibles de generar plusvalías y en el control de la financiación de los partidos políticos.

   En este sentido, plantea la modificación del Código Penal y otras siete leyes: Ley de Financiación de Partidos Políticos, Ley de Contratos del Sector Público, Ley del Suelo, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Bases del Régimen Local, y el Poder Judicial y la que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y miembros del Gobierno.   

La reforma del Código Penal persigue ampliar los tipos penales y endurecer las penas para corruptos y corruptores, ya sean públicos o privados, especialmente para los delitos en materia urbanística, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio.

IMPUTADOS FUERA DEL CARGO PÚBLICO

   Izquierda Unida también pide retocar la LECRIM para que se pueda suspender provisionalmente del ejercicio de su empleo o cargo público a los imputados por delitos castigados con penas de inhabilitación especial o suspensión de empleo o cargo público.  

  La Ley de Bases de Régimen Local debe modificarse, según IU, para imponer mayor exigencias a quienes intervienen en procesos urbanísticos o de contratación pública. Por eso, reclaman que se permita la consulta del Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales.

   Respecto a la financiación de los partidos, reclaman que éstos no puedan recibir donaciones de personas o empresas privadas que presten o hayan prestado durante los dos años anteriores o estén participando en un concurso para hacerse con la contratación de servicios u obras para el sector público.   

En todo caso, limita las donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica a 50.000 euros anuales (frente a los 100.000 que hay fijados en la actualidad). Las donaciones que superen los 6.000 euros deberán realizarse mediante cheque bancario.

CUENTAS OPACAS, PARTIDO SIN SUBVENCIÓN   

Igualmente, apuestan limitar el coste de las campañas electorales y por que se tenga que garantizar al Tribunal de Cuentas que la condonación de deudas a los partidos por parte de entidades bancarias o proveedores privados no obedezcan en ningún caso a un intercambio de favores.   

Los partidos que no presenten cuentas transparentes al órgano fiscalizador no podrán recibir subvenciones públicas y los que destinen más de lo permitido en gastos electorales verán recortado esa inversión extra de sus ayudas públicas. Toda la información contable que presenten los partidos ha de ser pública.   

También pide crear un Agencia Independiente de Contratación Pública que vigile las adjudicaciones y, a través de una disposición adicional, IU propone un debate anual en el Congreso sobre el estado de la corrupción pública y privada con comparecencia del presidente del Gobierno.