En un informe conjunto remitido al instructor de este incidente procesal, los magistrados Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano y José Manuel Maza consideran que su imparcialidad "no ha quedado desvirtuada" por el hecho de haber sido también los encargados de admitir la causa a trámite y resolver los diferentes recursos presentados por la defensa del juez suspendido de la Audiencia Nacional.  

  Con este criterio coincide Manuel Marchena, quien en un breve informe de tan solo unas líneas concluye que no se siente afectado por las consideraciones de Garzón y rechaza apartarse de la causa.  

  Los cuatro primeros recuerdan en su escrito conjunto que la propia Sala de lo Penal ha cambiado sus criterios para que los magistrados que admiten una causa y la juzgan no sean los mismos que resuelven los diferentes recursos que las partes pueden presentar durante la instrucción.

   No obstante, apuntan que las normas actuales también son válidas y que el cambio no puede aplicarse aún a este caso -le falta ser aprobado precisamente mañana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y publicado en el BOE-.

UN MAGISTRADO QUIERE APARTARSE.

   El sexto recusado, Perfecto Andrés Ibáñez, admite las razones del juez de la Audiencia Nacional al considerar que debe actuarse como hizo la Sala del 61 en el caso del juicio por la investigación del franquismo, en el que se aceptó apartar a cinco de los magistrados inicialmente designados al considerarse que se "contaminaron" al participar en la instrucción.  

  Andrés Ibáñez, cuya petición de abstención en esta causa no fue aceptada, rechaza sin embargo haber incurrido en falta de imparcialidad subjetiva, tal y como le atribuye la defensa de Garzón, a resultas de un artículo que publicó en la revista de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) bajo el título "No se debe opinar -y menos aún informar- con las tripas. Imprescindible ejercicio de contextualización".  

  Respecto de este artículo, Andrés Ibáñez dice que no compromete su imparcialidad porque  respondía al único fin de defender la legitimidad jurídica de las actuaciones del instructor y de la Sala de admisión en esta causa, a su entender "gravísima y torpemente descalificadas por un periodista".   

 La Sala de lo Penal del alto tribunal nombró la semana pasada un tribunal de cinco magistrados que sustituirá al que fue inicialmente designado para juzgar a Garzón por sus decisiones en el "caso Gürtel" mientras se tramitan las recusaciones.   

 La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya  cinco de estas recusaciones, pero no la del sexto magistrado que Garzón pretende que se aparte del juicio por las escuchas de "Gürtel", Manuel Marchena, del que la defensa del juez de la Audiencia Nacional desconfía por su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.   

 La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la "Gürtel", mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en "Gürtel" Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, al intervenir las conversaciones entre imputados y letrados en prisión. El juicio está fijado para el próximo 17 de enero.