Con la presentación de estas enmiendas, Ciudadanos forzará que un miembro del Gobierno, previsiblemente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenga que defender en esa sesión plenaria ambos proyectos, con los que discrepa abiertamente.

Así, los de Albert Rivera plantean la devolución de ambas normas porque abogan por suprimir un régimen económico que, a su juicio, "alimenta el agravio comparativo" con las comunidades del régimen común.

El órgano de gobierno de la Cámara aprobó la tramitación urgente y en un solo debate, con el apoyo de PP, PSOE y Unidos Podemos, si bien Ciudadanos se opuso a esta tramitación exprés, que implica reducir a la mitad los plazos para la presentación de enmiendas, al considerar que un asunto de este calibre "no se puede despachar de un plumazo", según las palabras del vicepresidente primero del Congreso, Nacho Prendes.

Además, PP, PSOE y PNV pidieron que los dos proyectos se tramiten de forma directa y en lectura única, es decir, que en un sólo debate parlamentario en el Pleno, sin pasar por ponencia ni comisión, se analicen las eventuales enmiendas y se apruebe para su remisión al Senado.

Una vez que la Junta de Portavoces ha aceptado este martes esa petición, ahora tendrá que ser el Pleno el que dé su conformidad a la tramitación directa y en lectura única, lo que se solventará sin problemas la próxima semana porque sólo Ciudadanos ha mostrado su oposición.

NI UNA COMA

En las memorias justificativas que acompañan a los proyectos, a las que ha tenido acceso Europa Press, se remarca que, dada la "especial naturaleza" de estos proyectos, todas las enmiendas que presente la oposición, aunque sea para cambiar una palabra, se entenderán como de totalidad o de devolución. Es decir, que los grupos parlamentarios no podrán cambiar la redacción de los textos y su papel se limitará a votar a favor o en contra.

Y es que se trata de leyes pactadas entre los dos ejecutivos y que previamente ha sido aprobado por unanimidad por una comisión mixta bilateral donde están representadas también las diputaciones forales.

La aprobación de los proyectos está garantizada ya que, además del PP y del PNV, se da por hecho que sumarán también al PSOE, que gobierna en coalición con los nacionalistas vascos. Por contra, Ciudadanos dijo la pasada primavera que votaría en contra del cupo vasco cuando llegara al Congreso.

EN VIGOR EL 1 DE ENERO

Según garantizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el 3 de noviembre cuando las presentó tras aprobarlas el Consejo de Ministros ambas leyes estarán aprobadas para su entrada en vigor el 1 de enero de 2018, tal y como pactaron en su día con el Gobierno vasco del PNV.

Aunque el Consejo de Ministros no aprobó los proyectos hasta el pasado viernes, el acuerdo ya estaba comprometido hace semanas. De hecho, las memorias de impacto normativo y económico que acompañan a las leyes llevan fecha de 8 y 10 de octubre.

El ministro de Hacienda aprovechó la presentación de estas leyes para defender que es posible el acuerdo entre instituciones con "distintas formas de concebir muchas cosas", en clara alusión a los problemas con Cataluña: con "lealtad y respeto mutuo" y dialogando dentro de la ley.

1.300 MILLONES ANUALES

La ley quinquenal del Cupo para los años 2017-2021 fija la fórmula de cálculo de lo que Euskadi debe pagar al Estado, mientras que la Ley del Concierto Económico recoge distintas modificaciones. La cifra base del Cupo será de 1.300 millones de euros anuales, pero en cada ejercicio el cupo líquido, lo que en realidad pague el País Vasco, variará según los descuentos que se apliquen por distintos conceptos y que no serán los mismos de un año a otro. Así, la cifra que se pagará este año ronda los 945 millones.

Los dos gobiernos alcanzaron en mayo un acuerdo después de años de desavenencias sobre el cálculo del Cupo, la aportación que el País Vasco hace al Estado por los servicios que este presta en su territorio más una contribución a los gastos generales. Las diferencias correspondían al periodo 2007-2016, así como al cálculo de las políticas activas de empleo, cuyas competencias fueron transferidas a Euskadi en 2010.

Finalmente, las dos partes acordaron que el Estado devuelva al Gobierno vasco 1.400 millones de euros que se entienden cobrados de más, un dinero que se irá descontando de forma progresiva durante los próximos cinco años del citado Cupo: el 10% de los 1.400 millones se descontará del pago de este año, el 15% el año próximo, el 20% al siguiente, un 25% en el cuarto ejercicio y el 30% restante, en el último año.