El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha destacado este sábado la importancia de "la imparcialidad" como "un valor constitucional y una meta que siempre tenemos que conseguir".

 Así, ha manifestado que "si el fiscal quiere asumir, como el resto de países europeos, la investigación de los delitos, lógicamente tiene que reforzar su imparcialidad".  

  Estas declaraciones han tenido lugar en la clausura del XVIII Congreso de la Asociación de Fiscales, que se ha celebrado en la ciudad de Málaga durante este viernes y sábado, 14 y 15 de octubre, con el objetivo de debatir y proponer reformas legales "necesarias" para reforzar la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal como institución.

   Según ha explicado, la reforma del Estatuto de 2007 ha reforzado la imparcialidad del Ministerio Público, "porque se configura como una institución con personalidad jurídica propia, con relevancia constitucional y, además, con un fiscal general que no está ya sujeto a la posibilidad de que el ejecutivo le pueda cesar, porque tiene un mandato fijo predeterminado y no renovable".   

 Por tanto, el fiscal general del Estado, que ha sido el encargado de cerrar las jornadas, ha valorado que los fiscales se hayan reunido para hablar sobre la imparcialidad, asegurando que el objetivo de las mismas era "muy importante" y que se han conseguido conclusiones "muy valiosas", según declaraciones realizadas a Europa Press.  

  En esta décimo octava edición del Congreso de la Asociación de Fiscales, también se ha elegido la nueva comisión ejecutiva para los próximos dos años, por lo que Conde Pumpido, quien ha precisado que este será el último que presida, ha querido desear suerte a las nuevas juntas directivas.

 CONCLUSIONES  

  En cuanto a las conclusiones de estar jornadas, la Asociación de Fiscales ha considerado necesario dotar a la carrera fiscal de un nuevo Estatuto Orgánico que le confiera "independencia y autonomías necesarias en el ejercicio de sus funciones".   

 En este sentido, han estimado "imprescindible" que el informe del Consejo General del Poder Judicial y la comparecencia ante el Congreso de los Diputados por parte del fiscal general "no se conviertan en meras formalidades" y "se base en una presentación motivada de una terna de juristas de reconocido prestigio".   

  Asimismo, entre las conclusiones se contempla suprimir la posibilidad de que el Gobierno llame al fiscal general del Estado para que comparezca ante el Consejo de Ministros, en aras a "preservar" su independencia. Para esto, además, consideran "indispensable" potenciar el papel del Consejo Fiscal, que es el máximo órgano representativo del Ministerio Fiscal.

   La Asociación de Fiscales también ha destacado "la necesidad" de un nuevo Reglamente de la Carrera Fiscal que sustituya al "obsoleto" del año 1969 y de dotar al Ministerio Fiscal de autonomía presupuestaria, permitiendo tanto a la Fiscalía General como al resto "desplegar sus funciones sin la dependencia económica del poder Ejecutivo".  

  Otra de las conclusiones establecidas en este congreso ha sido, en el ámbito de la potestad disciplinaria, el deber de suprimir tanto la competencia del Ministerio de Justicia para imponer la máxima sanción disciplinaria de separación del servicio como el recurso ante el ministro de Justicia, de forma que contra la resolución del fiscal general se regule la revisión jurisdiccional.