La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, ha emplazado al Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón a abrir un proceso de revisión de las condiciones y la "precariedad de medios" que soporta esta Administración y ha advertido de que el conflicto de los jueces y fiscales "puede extenderse al resto de profesionales".  

  Así se ha expresado el sindicato un día después de que cinco asociaciones de la Carrera Judicial y Fiscal -todas salvo la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales_anunciaran una jornada de huelga para el próximo 20 de septiembre ante la falta de medios y las reformas del Gobierno que llevan, entre otras cosas, a crear "espacios de impunidad" en casos de corrupción.  

  Ante la reunión que mantendrán mañana la Plataforma Justicia para Todos -que integra a sindicatos, abogados o consumidores-- y el subsecretario de Justica, CSI-F ha confiado en que de la misma salga "un compromiso claro de afrontar los problemas" que afectan a la Justicia "de manera negociada" con las partes implicadas.   

"La Administración de Justicia va más allá de los 4500 jueces de nuestro país. Concretamente, existen más de 60.000 funcionarios de Justicia en toda España, que mantienen en pie el funcionamiento de Juzgados y Tribunales, a pesar de la precariedad de medios", ha advertido en un comunicado.  

Por ello, la plataforma sindical mayoritaria en el sector ha hecho hincapié en que las reformas deben ser el resultado de la negociación y del acuerdo, "frente a la imposición o el seguidismo a intereses corporativos". En este sentido, solicita discutir cuestiones "tan sensibles" como la ley de tasas, la "privatización" del Registro Civil y de los actos de ejecución, así como el necesario proceso de modernización de la Justicia.   

Frente a la externalización y privatización de los servicios, CSI-F exige situar ala plataforma sindical mayoritaria en el sector ha hecho hincapié en que las reformas deben ser el resultado de la negociación y del acuerdo, "frente a la imposición o el seguidismo a intereses corporativos". En este sentido, solicita discutir cuestiones "tan sensibles" como la ley de tasas, la "privatización" del Registro Civil y de los actos de ejecución, así como el necesario proceso de modernización de la Justicia.  

El sindicato asegura que dedicará "todos sus esfuerzos" en el proceso de negociación abierto y añade que el Ministerio tiene ahora la responsabilidad de responder a esta voluntad de diálogo. "De su actitud y por tanto, del resultado de la reunión del jueves, dependerá la intensidad y el alcance de las medidas de presión", señala, antes de concluir que adoptará las decisiones más oportunas para defender los intereses de los trabajadores.