María Isabel Fernández y Marta Andón, que trabajaban en la contabilidad de la farmaceútica Nupel antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores, han desvelado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano la existencia de "contabilidad B" en esta empresa, si bien desconocen si el dinero estaba destinado al pago a políticos para obtener de forma fraudulenta ayudas públicas.

   Así lo señaló a las  puertas del alto tribunal el abogado de Fernández, Gerardo Pardo de Vera, al término de la declaración que esta empleada de Nupel y su compañera prestaron en relación con la pieza que investiga la supuesta comisión por el ex ministro de Fomento, José Blanco, de delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con  la "Operación Campeón".  

  La citación de estas trabajadoras tenía como objetivo aclarar el origen del dinero que, según la declaración del propietario de Nupel, Jorge Dorribo, fue entregado al ex ministro socialista para que favoreciera la obtención por esta empresa de ayudas públicas.

   Según este letrado, ninguna de las dos trabajadoras de Nupel han podido aportar mucho, a los delitos que se investigan, puesto que "los supuestos sobornos no dejan muchas pistas en los ficheros informáticos de la contabilidad"." Que pueda haber otro tipo de soportes documentales privados y que tengan otras personas de la empresa, pues no lo sabemos, evidentemente", ha añadido.

 "NO TIENEN NADA QUE VER"  

  Según sus abogados, las comparecientes son simples trabajadoras de una empresa "que nada tienen que ver con esa urdimbre de supuesta corrupción institucional". Ambas han comparecido como testigos y están imputadas en la causa que investiga la juez de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José.   

 Pardo de Vera ha reconocido, a preguntas de los periodistas, que las trabajadoras detectaron la existencia de irregularidades contables en Nupel, aunque a su juicio se trataba de la contabilidad B que puede existir en cualquier empresa. " Pero de ahí a que ese dinero vaya destinado a sobornos a políticos, sobre eso no tienen ningún conocimiento", ha añadido.  

   Además, el letrado ha negado que su cliente conociera a qué cantidad ascendía dicho dinero en B y que hubiera existido entrega del mismo a ningún político. "Tienen dificultad incluso para identificar el cargo que ocupan personas de la Administración o ministro, son ajenas completamente a los tejemanejes que pueda tener su jefe directo", ha explicado el letrado, para puntualizar más adelante que conocían a Blanco "como lo puede conocer cualquier persona".   

 Mañana proseguirán los interrogatorios en esta causa, pues han sido citados otros trabajadores de Nupel, concretamente el administrador José Amador Fernández y la responsable del registro Jennifer Álvarez.