Las organizaciones patronales y de titulares del sector educativo privado y concertado, -CECE, Escuelas Católicas y UECOE-, las confederaciones de padres Concapa y Cofapa y los sindicatos FSIE Y USO, rechazan el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación porque consideran que "vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias".

   En un comunicado conjunto, denuncian "arbitrariedad e inseguridad jurídica" en el anteproyecto, señalan que su aprobación y puesta en marcha "puede añadir enormes dificultades que puede añadir a la tarea docente" y solicitan una batería de "puntualizaciones" a su juicio necesarias para que la futura norma "se ajuste a las directivas comunitarias, a lo que la sociedad necesita en materia de igualdad y no a una pretensión ideológica del Gobierno".

   A partir del texto elaborado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y del informe posterior del Consejo General del Poder Judicial, estas organizaciones critican que se haya incorporado la Directiva 2004/113, de Aplicación del Principio de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres al Acceso a Bienes y Servicios y su Suministro, cuando su aplicación "excluye" los ámbitos de la enseñanza y los medios de comunicación. 

  Además, llaman la atención sobre las advertencias del CGPJ relativas a la "posible lesión a otros derechos de las personas y la falta de concreción de conceptos y definiciones, procedimiento sancionador y sanciones accesorias", así como sobre "la duplicidad de funciones entre la nueva Autoridad que se crea y el Defensor del Pueblo; de cargar a los sindicatos con la onerosa tarea de ser "guardianes abstractos de la legalidad", entre otras cuestiones.

   Por otra parte, a estos representantes del sector educativo les "preocupa enormemente" que el anteproyecto se vaya a tramitar como una ley ordinaria "cuando afecta, o quiere afectar, al derecho fundamental a la educación", consagrado en la Constitución y desarrollado por Ley Orgánica, lo que a su juicio se ha pensado para "eludir la mayoría reforzada que impone la Constitución al Poder Legislativo para poder regular e inferir en las libertades públicas y derechos fundamentales de los ciudadanos". 

  En lo que se refiere a la educación concertada, CECE, Escuelas Católicas, UECOE, Concapa, Cofapa, FSIE Y USO consideran que la redacción actual del anteproyecto "podría llegar a cuestionar modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los organismos internacionales" por la pérdida de conciertos que podría suponer para los colegios con escolarización diferenciada.

   "Con todo, lo más preocupante para las entidades antes mencionadas es la sobrecarga de dificultad que este anteproyecto impone a los centros escolares, obligando a titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad", explican las organizaciones.