La norma se ha aprobado este mismo viernes con los 70 votos que suman JxCat, ERC y la CUP, mientras que Cs, el PSC, los comuns y el PP, que suman 64 votos, han rechazado la propuesta.

Contra la ley pesa un dictamen en contra del Consell de Garanties Estatutàries, que es consultivo y por tanto no es de obligado cumplimiento, pero el Gobierno central ya ha anunciado que tiene listo un recurso para impugnarla ante el Tribunal Constitucional (TC).

La publicación en el boletín del Parlament debe acompañarse de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc) para que la ley tenga vigencia.

Según el artículo 65 del Estatut, las leyes deben publicarse en el Dogc en el plazo de 15 días desde su aprobación y debe ordenarlo el presidente de Cataluña "en nombre del Rey".

Se da la circunstancia de que las funciones del presidente de la Generalitat las tiene ahora el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución y, por lo tanto, es el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que debe ordenar la publicación en el Dogc para que la ley tenga vigencia.

Pero el Gobierno central ya ha iniciado los trámites para recurrir la reforma ante el TC, si bien para hacerlo antes debe publicar la norma en el Dogc.

El Gobierno inicia los trámites para recurrir

la ley catalana de investidura a distancia de

Puigdemont

El Gobierno ha acordado este viernes solicitar informe al Consejo de Estado para poder recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat que pretende avalar la investidura a distancia del expresidente catalán Carles Puigdemont. Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo, que ha afirmado rotundo que no "tolerarán" un "fraude de ley" con una investidura telemática.

Este primer paso del Gobierno se produce después de que el Parlamento de Cataluña haya aprobado esa reforma de la Ley de Presidencia impulsada por JxCat. El Ejecutivo ya anunció este jueves que los servicios jurídicos del Estado ya tenían preparado ese recurso y hoy el Consejo de Ministros ha solicitado informe preceptivo al máximo órgano consultivo, un documento que el Gobierno está obligado a pedir antes de acudir al TC.

También el Consell de Garanties Estutàries, el órgano consultivo de la Generalitat de Cataluña, falló la semana pasada que la reforma de la Ley de Presidencia vulnera la Constitución y el Estatut y consideró que no podía tramitarse por urgencia porque pretende modificar artículos sustanciales del Estatut.

UN FRAUDE DE LEY JURÍDICO Y POLÍTICO

Poco después de que el Parlamento catalán haya aprobado esa reforma, Méndez de Vigo ha explicado --en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros-- que se ha acordado iniciar los "trámites solicitando informe al Consejo de Estado para recurrir la modificación de la Ley de Presidencia".

"El Gobierno, lo ha dicho con claridad y con firmeza, no tolerará ningún fraude de ley. Y el fraude de ley de la investidura telemática no solamente es jurídico, es que es político", ha advertido.

En este sentido, se ha preguntado en qué "cabeza cabe" que una persona que está "huida de España para escapar de la acción de la Justicia" y que está a la "espera de un proceso de extradición" pueda ejercer las funciones de presidente de la Generalitat.

"Eso es imposible y no se le ocurre a nadie. Es un disparate", ha enfatizado el portavoz del Gobierno, para añadir que van a utilizar todas las "armas jurídicas a su alcance" para evitar ese "fraude de ley" y que se cumpla la legalidad "en todo caso".

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA

MESA

Méndez de Vigo ha dicho que sería "bueno" que el Parlamento de Cataluña no diera pasos que "no conducen a ningún lado" y que están "abocados al fracaso desde el principio". De hecho, ha subrayado que ya deberían "haber aprendido" de lo que pasó los días 6 y 7 de septiembre en esa misma Cámara autonómica.

Además, ha señalado que el propio TC ha recordado las responsabilidades en las que incurren los miembros de la Mesa del Parlament por tramitar esa reforma de la Ley de Presidencia. "Esas responsabilidades han sido determinadas por el propio TC con toda claridad", ha aseverado.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha señalado que tienen "antecedentes" sobre lo que supone "desobedecer" sentencias del tribunal de garantías. "Lo que dice el sentido común es no repitamos errores del pasado", ha concluido.