El Colegio de Abogados de Granada ha decidido en una Junta General Extraordinaria celebrada este viernes suspender el servicio del turno de oficio y no realizar designaciones de letrados hasta que la Junta de Andalucía "cumpla las obligaciones de pago y de medios personales y materiales que tiene en esta materia". Asimismo, se ha acordado suspender el servicio de asistencia al detenido todos los martes de 10.00 a 14.00 horas.   

 En un comunicado, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres González-Boza, ha manifestado que "el servicio de asistencia jurídica gratuita, que comprende la asistencia a los detenidos y defensa de las personas que carecen de medios económicos, se viene prestando por los abogados granadinos de forma profesional e impecable, siendo muy escasas las quejas por la prestación del mismo".  

  Solo el año pasado, el Colegio de Abogados de Granada atendió 18.483 asuntos del turno de oficio y se prestaron 22.434 asistencias a detenidos, "con el esfuerzo organizativo y de trabajo profesional que ello implica".

   "A fecha de hoy, de la totalidad de los gastos que representa el funcionamiento y gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita en este año, y que corresponde abonar a la Junta de Andalucía, solo se ha percibido el 25 por ciento, lo que coloca al Colegio de Abogados en un auténtico problema presupuestario, al tener que asumir dichos gastos", añade el comunicado.   

Entre las reivindicaciones por las que el sector ha suspendido el turno de oficio se encuentra el aumento del número de letrados asignados diariamente a la asistencia al detenido, con arreglo a lo establecido legalmente y, en cualquier caso, como mínimo, a los que estaban establecido en el año 2010, de 23 diarios.   

 Asimismo, solicitan reconocimiento de la asistencia sanitaria y suscripción de un seguro de accidentes que cubra las eventualidades que se puedan producir durante la prestación del servicio de turno de oficio.  

  La adecuación de las sedes judiciales con medios materiales suficientes y con la privacidad necesaria, son otras de las peticiones del sector, junto a la consideración de las ejecuciones civiles y penales como procedimientos independientes y no derivados del procedimiento del que traen causa.   

También solicitan la revisión y control del sistema de concesión del beneficio de justicia gratuita para evitar los fraudes que se vienen produciendo, así como la reducción de la exagerada carga burocrática que los letrados que prestan el servicio tienen que cumplimentar.

   Por último, piden el abono de las retribuciones a los letrados que prestan el servicio por asuntos finalizados y a trimestres vencidos, con incremento de las retribuciones para acercarlas, en la medida de lo posible, a los precios de mercado; así como la retribución de todas y cada una de las actuaciones necesarias y efectivas realizadas en defensa del justiciable.