El Congreso ha aprobado este lunes la nueva ley de servicios electrónicos de confianza y la ha enviado al Senado, pero el texto que propuso en su día el Gobierno de coalición ha sido modificado por la oposición al introducirse hasta trece enmiendas en contra del criterio del PSOE y Unidas Podemos.

Con la ausencia de EH-Bildu y UPN (Grupo Mixto), los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos no han bastado para derrotar a las fuerzas de la oposición, que se han unido para introducir enmiendas de Junts, Ciudadanos, y el PNV, así como una transaccional del PP, Vox y Cs.

Al final, a la hora de votar y aprobar el texto en la Comisión de Asuntos Económicos, todos los grupos han votado favorablemente y el proyecto de ley se enfrenta ahora a su tramitación en el Senado. Allí, el PSOE tiene mayoría y podrán corregir lo que considere, pero esos cambios habrán de ser refrendados por la mayoría del Congreso, que tiene la última palabra.

La ley consiste en la trasposición del reglamento comunitario para reforzar la seguridad en el uso de determinados servicios, como la firma y el sello electrónico de personas físicas y jurídicas o el sello de tiempo electrónico, utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y administraciones públicas.

EL PSOE ADVIERTE DE "INSEGURIDAD JURÍDICA"

Entre las modificaciones introducidas, la enmienda transaccional impulsada por el PP permite reconocer como método de identificación a escala nacional aquella realizada de forma no presencial por medios electrónicos o telemáticos, como videoconferencia o videoidentificación.

Concretamente, el texto finalmente modificado reconoce métodos con niveles de seguridad certificada por un organismo de evaluación, o se hayan habilitado por organismos competentes, y cita los métodos de identificación por videoconferencia o videoidentificación aplicados en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.

El PSOE ha criticado, a través de su diputada Ángeles Marra, como "no aceptable" que, "por el mero hecho" de que "una normativa sectorial", como la de blanqueo, reconozca esta opción, esta sea "extrapolable" el resto de servicios, y ha advertido del riesgo de incurrir en una mayor inseguridad jurídica "fuera incluso del propio reglamento" europeo.

NO RECIBIR DATOS EXACTOS NO EXIME A LA EMPRESA

DE RESPONSABILIDAD

El Congreso ha aceptado también varias enmiendas de Junts. Dos de ellas, artículos íntegros de la ley --uno, el de las responsabilidades de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, y otro el la declaración de actividad--, por considerar que ya están recogidos en el reglamento europeo de 2014, y otras dos equiparan el DNI electrónico al resto de certificados electrónicos cualificados regulados por la ley.

En el caso de las enmiendas de Ciudadanos, una permite obligar a los prestadores de servicios electrónicos de confianza a informar en cualquier caso al Ministerio de Asuntos Económicos de una violación de seguridad, y otra para no eximir de las responsabilidades a estas empresas por daños y perjuicios a la persona a la que ha prestado el servicio o a terceros de buena fe cuando esta no haya proporcionado datos exactos o necesarios.