La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó el pasado viernes que no se había llevado al Consejo de Ministros de ese día debido a las "observaciones" expresadas por varios ministerios sobre su contenido, haciendo hincapié en que no había tenido nada que ver la polémica surgida por las informaciones sobre el llamado caso Bárcenas. 

  Fuentes de la negociación han admitido que el Gobierno trabaja en cómo repartir las competencias en educación y sanidad entre comunidades autónomas y ayuntamientos para cerrar un texto de reforma de la Ley de Gobiernos Locales, ante las "objeciones" mostradas por ambos Ministerios.  

Se trata en concreto de las competencias que ejercen los ayuntamientos en materia sanitaria y educativa, como por ejemplo el mantenimiento de los colegios. El objetivo es precisar qué asuntos competen a los ayuntamientos y cuáles a las comunidades autónomas para dejarlo establecido en la nueva ley. Todas las competencias que estas quieran delegar a los municipios, deberán ir acompañadas de financiación suficiente.

REBAJA DE SUELDOS 

  En cuanto al sueldo de los alcaldes, en el informe que se llevará este viernes al Consejo de Ministros se mantendría la intención inicial del Ejecutivo de equiparar el sueldo más alto de los regidores al de un secretario de Estado, que ronda los 100.000 euros. Las tablas salariales, en cualquier caso, se fijarán anualmente en los Presupuestos del Estado. 

  Esa reforma incluirá una tabla salarial de los alcaldes y concejales en función de la población de sus municipios, hasta el limite mínimo de 30.000 euros brutos para los alcaldes de pueblos de 5.000 vecinos. La propuesta baraja también que los municipios más pequeños, que podrían ser los de población inferior a los 1.500 habitantes, no tengan un sueldo fijo. 

  Por el momento tampoco está definitivamente cerrado el número de concejales que se van a reducir -una limitación que deberá hacerse con una reforma de la Ley Electoral-, una decisión que está en manos del propio presidente del Gobierno, según las fuentes consultadas.

Aunque el pasado verano se habló de eliminar el 30 por ciento de los ediles, tras los recelos de la FEMP, se baraja una reducción entre el 15 y el 22 por ciento.

   Aunque las negociaciones con el PSOE encallaron hace varias semanas -los socialistas acusan al Gobierno de querer privatizar servicios-, el Ejecutivo de Rajoy sigue tendiendo la mano con el fin de sacar adelante esta reforma con el máximo consenso posible. Por el momento, mantiene también las negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

REFORZAR LAS DIPUTACIONES  

El Gobierno pretende también con esta reforma promover las diputaciones provinciales, que pasarán a prestar los servicios de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes que no cumplan determinados criterios de eficiencia y eficacia, criterios aún por determinar. 

  Además, se pretende impedir la creación de nuevos organismos intermedios y que desaparezcan todos aquellos ineficientes. Es el caso de las mancomunidades, que deberán disolverse salvo que superen esos exámenes de eficiencia.