Jové acudirá al alto tribunal catalán, en el paseo Lluís Companys, arropado por una delegación de representantes de ERC encabezada por el vicepresidente del Govern y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, que tiene previsto atender a los medios.

El TSJC considera que el exsecretario general de la Conselleria de Vicepresidencia, Economía y Hacienda con el Govern de Carles Puigdemont pudo participar en el "comité ejecutivo del entramado creado presuntamente por el Govern" y otros actores, desde el año 2015, para conseguir la independencia tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional.

La magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, cree que Jové, que fue detenido el 20 de septiembre de 2017 en el dispositivo de la Guardia Civil en varias sedes de la Generalitat y en concreto en la Conselleria de Economía, supuestamente incurrió en los delitos de malversación de fondos previsto en el artículo 432, revelación de secretos de los artículos 197 y 417 y de desobediencia grave del artículo 410 del Código Penal.

HOJA DE RUTA

Jové --a quien le incautaron la agenda Moleskine con datos clave sobre el proceso soberanista-- supuestamente estaría vinculado con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, desoyendo al Tribunal Constitucional, y con "la asistencia" del 1-O, declarado inconstitucional, según el TSJC.

Cuando decidió investigarle, constató la posible participación de Jové en el proceso, "que habría exigido, para contar con garantías de éxito, la previa creación de estructuras administrativas que garantizarían el funcionamiento del nuevo ente y la desconexión con la estructura del Estado".

Tiene en cuenta su "eventual responsabilidad" en la organización del 1-O, para lo que se invirtieron directamente o mediante personas interpuestas fondos públicos o bien se comprometió el correspondiente gasto, al ser el secretario general del departamento de Economía, que lideraba Oriol Junqueras, entonces vicepresidente del Govern y que está siendo juzgado por el 1-O en el Tribunal Supremo.

Asimismo, le atribuye el presunto uso ilícito del fichero de datos personales de la población de Cataluña con el que contaba el Idescat, ya que firmó el 28 de febrero de 2017 un convenio con esta entidad, a la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) facilitaba legalmente los datos personales de la población catalana.