La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito contra el exdirector  general de la Policía, Víctor García Hidalgo en el denominado "caso del Chivatazo" y sí cree que hay pruebas contra los otros dos investigados por el supuesto aviso a ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), que son el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el exjefe de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros.  

 Así se desprende del informe previo al cierre de la instrucción que ha sido entregado este martes al juez Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, y en el que no se entra en los delitos presuntamente imputados. De no apreciarse presunta colaboración con ETA por Ruz,  la causa debería ser remitida a los juzgados de Irún por no ser competencia de la Audiencia Nacional.

   Según el escrito del fiscal Carlos Bautista, las diligencias practicadas hasta la fecha han corroborado "la verosimilitud de la imputación de Enrique Pamiés y José María Ballesteros, así como la consistencia incriminatoria de los indicios existentes contra ellos, superando los estándares mínimos de evidencia exigidos por la Sala".

NO HAY NUEVOS DATOS CONTRA GARCÍA HIDALGO  

  Sin embargo, en relación con el exdirector general de Policía, el fiscal concluye que "no puede llegarse a la misma conclusión" al no haberse aportado respecto a él diligencia alguna, "concreta y específica" que vaya más allá "de aquellas cuya suficiencia fue rechazada" en su día por la Sala de lo Penal cuando archivó inicialmente el caso.  

  Añade que, además, la propia Sala consideró "expresamente no acreditada" la finalidad que hacía constar el propio Ruz en su auto de procesamiento respecto a la acción de todos los imputados.  

  El pasado 18 de septiembre, Ruz solicitó al fiscal que valorara "los indicios existentes" respecto a los tres imputados y que propusiera las diligencias que estimara pertinentes, una cuestión en la que la Fiscalía no entra en este nuevo escrito.

   En la causa, abierta por el juez Fernando Grande-Marlaska en 2006, se atribuye indiciariamente a los imputados un delito de colaboración colaboración con organización terrorista y otro de revelación de secretos, aunque la Fiscalía pidió en septiembre de 2011 que se remitiera a un juzgado de Irún por considerar que los hechos únicamente podían ser tipificados por este último delito o el de encubrimiento.  

  Según la tesis de la Fiscalía, basada en el informe de conclusiones del jefe de la investigación, Ballesteros se habría desplazado hasta el "Faisán" para entregarle un móvil a su dueño, Joseba Elosua, al que Pamies habría comunicado la existencia de una operación policial contra ETA. Los hechos se produjeron mientras el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevaba a cabo un proceso de negociación con la banda terrorista.  

  En un auto dictado por la Sala en septiembre del pasado año se señalaba que la instrucción del juez Central número 5  presentaba  "inconsistencias relevantes" y que se debían llevar a cabo diligencias "complementarias o de contraste" ajenas a la tesis del equipo investigador. Los indicios contra los imputados, según la Sala, no eran "suficientemente firmes". "Si el cimiento falla, se desmorona el resto del edificio", decía la resolución.