En su informe, de 25 folios, el fiscal Narváez dice además que el hecho de que Barcina haya reintegrado el importe de dichas dietas refleja su buena fe y la ausencia de culpabilidad en su actuación.    La Fiscalía debía pronunciarse después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que instruye la causa abierta por el presunto cobro irregular de dietas, remitiera exposición razonada al alto tribunal sobre la posible comisión por la presidenta navarra de un delito de cohecho impropio.

   En su resolución, la juez de Navarra afirmaba que los cargos políticos integrantes de la Comisión Permanente de Caja Navarra cobraron dietas "carentes de justificación" en un órgano que no tenía "soporte estatuario", y  pide al Supremo que estudie la posible implicación de Barcina en estos hechos, dada su condición de aforada ante este órgano.

   La Fiscalía alude en su informe a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la más reciente en la sentencia 323/2013, para afirmar que en este caso no puede señalarse que exista cohecho impropio.  

  Narváez considera que no se dan los requisitos para imputar indiciariamente cohecho impropio a la presidenta navarra porque cobró las dietas por acudir a las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras de la CAN, "por lo que no pueden considerarse una dádiva o regalo, entregados sin contraprestación alguna, ni tampoco le fueron entregadas en consideración al cargo público que ostenta la aforada".

   En su exposición razonada, la juez navarra pedía al Supremo que valorara la pertinencia de tomar declaración como imputada a Barcina, quien formó parte de la Comisión Permanente junto con otros tres cargos políticos: el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía Álvaro Miranda. Los tres ya habían sido imputados por la juez de Pamplona.

     Afirmaba igualmente que la previsión que se hace en los estatutos de la Caja respecto a la celebración de estas reuniones es "nula" y señala que "en modo alguno da a entender que pueda existir un órgano distinto o una forma de trabajo diferente a la prevista".

   "Debe tenerse en cuenta que en relación a los órganos de gobierno de la entidad, sí existen comisiones o comités, pero todos ellos están previstos, al menos de un modo genérico, en los estatutos", añadía.

   La juez de Pamplona considera que los hechos "podrían ser constitutivos de un delito de cohecho" y señala que los miembros de la Permanente formaban este órgano "sólo por su función en la institución pública que representan y consecuentemente reciben las dietas correspondientes".

   La exposición razonada añade que "el hecho de que hayan recibido esas cantidades carentes de justificación de Caja Navarra compromete o puede comprometer su imparcialidad en cuanto a la actuación que hubieran podido llevar a cabo en relación a la entidad, teniendo en cuenta que se trata de las entidades fundadoras y que al Gobierno de Navarra corresponde el protectorado público de la entidad".