El fiscal Pedro Rubira ha informado a favor de admitir a trámite las querellas presentadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ)  como consecuencia de los actos acontecidos el pasado 5 de febrero durante la escenificación de la obra 'La bruja y Don Cristobal', de la compañía 'Títeres desde abajo', en la que se exhibió esa leyenda para referirse a las organizaciones terroristas Al Qaeda y ETA.

   El Ministerio Público, que no considera necesario imponer fianzas a ambas asociaciones para ejercer la acusación puesto que el procedimiento se incoó a partir de un oficio de la Brigada Provincial de Información de Madrid, ha mostrado su disposición a tener por querellados a los titiriteros por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

   La AVT se querelló también contra la alcaldesa, la concejala y el director artístico responsable de la programación del Carnaval Madrid 2016,  Ramón Ferrero, al considerar que, "por los cargos administrativos y políticos" que ocupan en el consistorio, "tenían que conocer el contenido de la obra que se iba a representar".

NO HAY UN "COMPORTAMIENTO ACTIVO"

   Sin embargo, el fiscal invoca la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para subrayar que el delito de enaltecimiento del terrorismo requiere "un comportamiento activo" y tiene "naturaleza esencialmente dolosa e intencional".

   A este respecto, añade que a la hora de exigir responsabilidad penal rigen los principios de legalidad y tipicidad, "sin que se puedan valorar supuestas conductas o responsabilidades administrativas o políticas".

   La AVT consideró a la alcaldesa "la responsable última de todas las actividades que organiza el consistorio madrileño", mientras que DyJ acusó a los titiriteros de ensalzar a ambos grupos terroristas y llevar a cabo una "incitación directa de odio y violencia hacia determinados sectores como la judicatura o la Iglesia" cuando mostraron durante la escenificación "acciones violentas, como el ahorcamiento de un guiñol vestido de juez, el apuñalamiento de un policía y la violación de una monja", ante una nutrida concurrencia, sobre todo niños.

   Alfonso Lázaro y Raul García quedaron en libertad el pasado miércoles tras pasar cinco días en la cárcel de Soto del Real por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro contra los derechos fundamentales, después de que el juez Ismael Moreno admitiera un recurso de su defensa, con el visto bueno de la Fiscalía, y les impusiera comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.