Después de que el pasado 28 de junio se diese a conocer la expulsión de 101 organizaciones civiles, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, este miércoles 18 monjas de ocho nacionalidades han abandonado Nicaragua dirección a Costa Rica, ha informado 'La Prensa'.

"Oramos por la Iglesia en Nicaragua, por sus obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Hermanas sean bienvenidas a estas tierras, nuestra Diócesis está de puertas abiertas para recibirlas, gracias por su ejemplo, entrega y servicio a los más pobres entre los pobres", ha escrito el obispo de Tilarán, Costa Rica en una publicación en Facebook.

La exposición de motivos por los que se expulsa a las monjas y a las otras 10 organizaciones se remite a tres leyes: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, y la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

En cuanto a la Asociación Misioneras de la Caridad, la publicación Aleteia denunció el pasado 18 de junio que el Gobierno clausuró las obras de caridad de dicha organización después de más de cuarenta años de servicio a los más pobres "como parte de la intensa cacería que ha emprendido el régimen en contra de la Iglesia católica por considerarla opositora y golpista", según Aleteia.

Por su parte, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha lamentado la expulsión de las monjas de la Orden Madre Teresa de Calcuta, subrayando que los nicaragüenses ya no contarán con su atención.

"Ante la decisión de la Asamblea Nacional de cancelar la personería jurídica a la fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta quienes brindan asistencia a los más pobres de nuestra sociedad nicaragüense, lamentamos profundamente el dolor de tantos hermanos nuestros que ya no tendrán las atenciones que recibían de las hermanas", ha expresado Brenes.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley en abril que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.

La Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos. La medida afecta también a las ONG internacionales, según la propia Asamblea.

El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del Gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.