En una carta firmada "ante la amenaza secesionista", el obispo ha criticado el "desprecio y manifiesta desobediencia a las leyes y a la misma Constitución que están mostrando determinados dirigentes políticos".

   Defiende que la Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para todos los españoles y que como toda obra humana "no es perfecta pero nadie puede negar que ha sido y sigue siendo el fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y la garantía de una convivencia armónica entre todos".

   "España es fruto de un complejo proceso histórico que hemos de tener en cuenta, sin ignorar ni deformar ni mucho menos manipular emocionalmente la verdad de los hechos", ha declarado, después de añadir que la Iglesia "no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles" sino que son los dirigentes políticos y, en último término, los ciudadanos mediante el ejercicio del voto, "quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico más conveniente".

   "Ninguna fórmula política tiene carácter absoluto; ningún cambio podrá tampoco resolver automáticamente los problemas que puedan existir. En esta cuestión, la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos", ha argumentado el obispo de Getafe.

   Joaquín María López de Andújar invita a guiarse por criterios de "solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás" respetando "siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones ni recortes de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos bienes comunes que a todos enriquecen".

   El obispo ha asegurado que "poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, sería moralmente inaceptable".

   Ha opinado igualmente que la Constitución es modificable, pero todo proceso de cambio debe hacerse según lo previsto en el ordenamiento jurídico. "Pretender alterar este ordenamiento en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, sin tener en cuenta los mecanismos jurídicos que el propio ordenamiento tiene previstos para cualquier cambio legislativo, es inadmisible. Sería romper las reglas de juego Y esto hace imposible la convivencia", ha remachado.