Planas señaló el martes que espera un fallo favorable y que la Comisión Europea negocie cuanto antes su renovación una vez se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que no se espera hasta principios de 2024, y aseguró que esa es la línea de los servicios jurídicos de Bruselas.

"En mi opinión en cuanto se dicte sentencia, que espero y deseo que nos dé la razón, podamos proseguir para que lo antes sea posible la Comisión negocie un acuerdo con Marruecos", dijo, antes de reconocer que el calendario para lanzar negociaciones es "difícil de predecir".

En respuesta, el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, ha manifestado que las declaraciones de Planas son "un nuevo intento de insinuar una realidad distorsionada" en Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización, según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

Así, ha hecho hincapié en que la realidad es "clara" y ha sido respaldada por el fallo del Tribunal General de la UE, antes de apuntar que "minimizar la importancia" del papel del Frente Polisario y confiar en la revocación del fallo no va en línea con el marco jurídico aplicable al territorio.

Por ello, ha señalado que tanto el Derecho Internacional como el veredicto del citado tribunal han fijado "claramente" las condiciones para cualquier actividad económica en Sáhara Occidental, después de que el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos llegara a su fin el 17 de julio en medio de dudas sobre su posible renovación y a la espera del pronunciamiento del TJUE.

Arabi ha reseñado que el Frente Polisario espera que el tribunal ratifique el citado fallo y ha argumentado que, independientemente de la decisión que adopte el TJUE, el pueblo saharaui respetará las decisiones judiciales y "estará alerta" para constatar si el resto de partes hacen lo mismo o "vulneran los legítimos derechos del pueblo saharaui".

Los gobiernos de la UE aprobaron en diciembre de 2021 recurrir las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea que anularon los acuerdos comercial y pesquero entre el bloque y Marruecos que incluyen a Sáhara Occidental en su aplicación pese a no haber obtenido el consentimiento del Frente Polisario.

La Justicia europea anuló a finales de septiembre de ese mismo año el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos por incluir aguas de Sáhara Occidental, así como las ventajas arancelarias que el bloque concede a productos de la antigua colonia española en virtud del acuerdo comercial entre Bruselas y Rabat.

En dicho pronunciamiento, el Tribunal General de la UE (el órgano de primera instancia) rechazó en primer lugar los argumentos del Consejo de la UE (los estados miembro) según los cuales el Frente Polisario carece de capacidad procesal y de legitimidad ante el TJUE, dado que ambos acuerdos "tienen efectos directos sobre la situación jurídica del Frente Polisario en su calidad de representante de ese pueblo y de parte en el proceso de autodeterminación de dicho territorio".

La anulación del acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat afecta especialmente a España puesto que es el estado miembro más beneficiado: de los 128 buques que tienen autorización para pescar en aguas africanas, 92 tienen pabellón español. Asimismo, un 91 por ciento de las capturas recogidas en el pacto pesquero con Marruecos provienen de aguas saharauis.

La antigua colonia española fue ocupada pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.