Según han explicado a los medios el consejero de Presidencia, Florentino Alonso, y el viceconsejero de Sector Público, Luis de la Vallina, el Ejecutivo toma esta decisión por la "inconstitucionalidad" de la tramitación de la proposición de Ley, que desde el Ejecutivo presidido por Francisco Álvarez-Cascos, "sólo pretende impedir la labor del Gobierno".  

  Por ello, el Consejo de Gobierno ha decidido instar a la Mesa de la Junta a que aplique su Reglamento "para poder tomar en consideración la proposición de Ley presentada el pasado viernes en la Junta por los tres grupos parlamentarios y notificada el pasado miércoles a la Consejería de Presidencia".

   "La Mesa de la Junta ha transformado un plazo de respuesta de diez días a que tiene derecho el Gobierno en un límite de respuesta de cincuenta y dos horas, es decir, una reducción del plazo de casi el 80%", ha reprochado el Ejecutivo.   

 Asimismo, sostiene que "el procedimiento ideado para amputar los plazos ha sido el siguiente: los tres grupos parlamentarios presentaron la proposición en la Junta el viernes 21, a las 13:53 horas y ante los medios de comunicación el lunes 24. La Junta General envía un fax a la Consejería de Presidencia el martes 25, a las 15:01 horas en el que se anuncia la admisión a trámite de una proposición de Ley sin acompañar su texto. 

 En el mismo fax, se indica que se declara de urgencia la tramitación de la propuesta por la gravedad de la situación, con una reducción de plazos, por debajo incluso de la mitad, fijando como límite para la manifestación del criterio del Consejo de Gobierno antes de las 14 horas del viernes 28".  

  Igualmente, el Gobierno de Cascos incide en que "la notificación completa de la propuesta se efectuó el miércoles 26, cuando el plazo normal para contestar es de diez días".    "Dado que el fax remitido el día 25 no acompañaba el texto de la proposición de Ley, la primera comunicación que tiene el Gobierno del Principado es un escrito recibido el miércoles 26 a las 9:30 horas para una contestación con límite las 14 horas del viernes 28. Es decir, un límite de respuesta de 52 horas, tiempo en el que resulta imposible evaluar el asunto y hacer el correspondiente informe", dicen desde el Gobierno.  

  Para el Gobierno del Principado "todo ello constituye una actitud inadmisible, un desprecio absoluto al poder ejecutivo, un atajo torticero para la tramitación de una proposición de Ley manifiestamente inconstitucional en cuanto pretende obligar a revocar actos ajustados plenamente al Derecho y a la división de los tres poderes desde Montesquieu".   

 En este sentido, el Principado resalta que "la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias denegó ayer, en seis autos distintos, la suspensión de las medidas antidéficit del Gobierno, aduciendo que no existe una situación de especial urgencia y contradiciendo así el criterio de la Mesa de la Junta General del Principado".  

  "PP, PSOE e IU han insistido en la ilegalidad de dichas medidas, argumento contradictorio con la presentación de la proposición de Ley, que implica el reconocimiento de la legalidad de las mismas, ya que pretenden derogar la norma que sustenta los acuerdos del Ejecutivo", señalan desde el Gobierno.

   Por tanto, el Ejecutivo autonómico argumenta que "si las medidas adoptadas por el Gobierno eran ajustadas a Derecho, como resulta del contenido de la proposición de Ley, y no existe una situación de urgencia, resulta sorprendente e insólito el interés de la Mesa de la Junta en pretender trasladar que existe una situación excepcional".