La coalición solicitaba la suspensión cautelar de la decisión adoptada por la Junta Electoral Central (JEC) por la que se declaraban "contrarias a la legislación" las concentraciones del movimiento 15-M previstas para este fin de semana.  

 Así lo ha decidido el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Sieira y los magistrados Pablo Lucas Murillo, José Díaz Delgado Nicolás Maurandi y Vicente Conde. El magistrado Vicente Conde, que ha sustituido a Juan José González Rivas, es el encargado de redactar la ponencia del auto, cuyo contenido se conocerá próximamente.  

 Por su parte, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional también ha rechazado la admisión a trámite del recurso presentado por el abogado murciano José Ríos Bravo en contra de la prohibición de la celebración de manifestaciones en las distintas plazas españolas durante la jornada de reflexión y el día de las elecciones. El alto tribunal ha argumentado que el demandante no agotó los recursos de la vía judicial al no acudir antes al Supremo.  

 La sección séptima de la Sala Tercera del Supremo comenzó a reunirse a las 17.00 horas de este viernes para valorar la medida cautelar que reclama Izquierda Unida en la demanda interpuesta a última hora de la mañana. En el recurso contencioso-administrativo ordinario, la coalición defendía que las movilizaciones previstas para la jornada de reflexión son "actos ajenos a la campaña electoral", por lo que se encuentran amparadas por los derechos de reunión y libertad de expresión.

  Debido a la "gravedad de la vulneración de derechos fundamentales", la formación solicitaba como "medida cautelar" la suspensión de la resolución de la Junta Electoral Central por la que se declaraban las concentraciones "contrarias a la legislación electoral" y en consecuencia no podían "celebrarse".

FISCALÍA CUESTIONÓ LA LEGITIMIDAD DE IU 

Sin embargo, la Fiscalía del Supremo ha presentado un escrito de alegaciones en el que defendía que IU carecía de "legitimación activa" para impugnar el acuerdo adoptado anoche por el máximo organismo de arbitraje y acusaba a la coalición de pretender "arrogarse" y ejercitar "el ejercicio de derechos fundamentales de otros", en referencia a los organizadores de las protestas.  

 Con todo, el Ministerio Público entiende que la Junta ha tenido "razones fundadas" para considerar que estas protestas pueden "incidir o perturbar la neutralidad política propia de la jornada de reflexión". La Junta Electoral Central también ha presentado un escrito de alegaciones y ha remitido a la Sala Tercera del Supremo el expediente sobre esta decisión. 

  Tras ello, el alto tribunal decidió conceder un plazo que se extendía hasta las 20.00 horas para que Izquierda Unida justificara su "legitimidad" para impugnar el acuerdo del máximo organismo de arbitraje.  

Mientras tanto, miles de personas se mantienen reunidas en la Puerta del Sol y en otras ciudades españolas para expresar su descontento con la situación política, social y económica. El Cuerpo Nacional de Policía ha recibido la consigna de no desalojar la acampada del kilómetro 0 mientras no se produzcan incidentes.