Según la providencia del TS, consultada por Europa Press, esta querella va dirigida contra el Consejo de Gobierno de la Junta y se le ha dado traslado de dicha denuncia al fiscal, "designando ponente y pasando las actuaciones al Ministerio Fiscal para su informe sobre competencia y contenido de la querella".   

Además, se recuerda que la responsabilidad penal del presidente de la Junta "será exigible ante el Tribunal Supremo", al igual que la responsabilidad penal de los consejeros, aunque "para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

   Fuentes de Safja han explicado a Europa Press que esta querella se presentó inicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el decreto 5/2010 de reordenación del sector público, que no entró en el fondo del asunto porque dicho tribunal consideró que "no era de su competencia al haber personal aforado de carácter especial", toda vez que una de las querelladas, la anterior consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, ahora es ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Por ello, Safja ha decidido seguir con los trámites jurídicos pertinentes, presentando la querella ante el Supremo.   

Para Safja "entendemos que hay prevaricación, ya que las leyes no amparan dicho decreto y hay muchos aspectos que no se ajustan ni a la Constitución, ni al Estatuto andaluz ni a las leyes de función pública, y estos altos cargos deben saberlo".    "Entendemos que ha habido prevaricación y abuso de poder, ya que además este decreto no se ha negociado con los funcionarios y afectados", han agregado las fuentes, que han advertido de que continuarán "trabajando por la derogación de los decretos leyes 5/2010 y 6/2010, unos decretazos cuyos perjuicios irreparables se agravan"

.    En una nota, el Safja ha recordado que esta semana la Cámara de Cuentas, "en un informe provisional sobre la Cuenta General de la Junta del pasado año recoge las pérdidas que tuvieron las empresas públicas, ahora llamadas Agencias, en 2009 y los 4.000 millones de euros que recibieron, lo que supone un 25 por ciento más (801 euros) de los presupuestados inicialmente".

   El presidente y coordinador general del Safja, José Manuel Mateo Navarro, califica la actitud que el Gobierno andaluz de "taciturna, dictatorial y exenta del más mínimo interés en el conocimiento de la problemática que afecta a sus ciudadanos y empleados públicos, del desprecio al sentido democrático y principios de buena fe, en la actuaciones llevadas a cabo por cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno en la determinación de los decretos leyes.

   "Precisamente esta forma de actuar ha determinado que nuestra organización sindical haya interpuesto, utilizando las herramientas que la Democracia y el Estado de Derecho ponen a nuestro alcance, para acudir ante el Alto Tribunal, en demanda de Justicia y defensa de los derechos constitucionales vulnerados", ha agregado Mateo en una nota, donde espera que "los derechos fundamentales y constitucionales que son vulnerados mediante las disposiciones de los citados decretazos sean restablecidos mediante la oportuna sentencia y sancionados los correspondientes responsables de los citados atropellos".