El informe concluye que la Santa Sede, incluyendo el Estado del Vaticano, "ha recorrido un largo camino en un corto periodo de tiempo y ha sentado muchas de las bases de un sistema contra el blanqueo de dinero". Sin embargo, apunta que necesita avanzar en otros asuntos para demostrar que ha instituido un régimen eficaz, de modo particular en la supervisión de las instituciones financieras.  

  El Moneyval establece 49 recomendaciones de las que 45 son de aplicación para el caso particular de la Santa Sede, y de ellas, considera esenciales seis y claves otras diez.  

  De estas 16 recomendaciones fundamentales para la lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, el Vaticano "cumple" o "cumple ampliamente" con nueve, es decir, un 56 por ciento, mientras que "no cumple" o "cumple parcialmente" con siete, a las que el informe le recomienda que preste especial atención.    Además, atendiendo al total de las recomendaciones, el Vaticano "cumple" o "cumple ampliamente" con 22 de las 45 recomendaciones y suspende, es decir, "no cumple" o "cumple parcialmente" con 23 de ellas, es decir, un 51 por ciento del total.

   Entre las recomendaciones principales en las que, según el informe, la Santa Sede suspende, destaca la regulación y supervisión. Así, apunta que existe una "falta de claridad" en el papel, responsabilidad, autoridad e independencia de la Autoridad de Información Financiera (FIA, por sus siglas en inglés), organismo creado por el Papa Benedicto XVI en 2010 para vigilar las actividades financieras de la Santa Sede, entre ellas, la del Instituto para las Obras de Religión (IOR).  

  En este sentido, el Vaticano ha indicado que la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano se ha dotado, en la versión modificada de la Ley CXXVII, de la facultad de adoptar un Reglamento General sobre las competencias de inspección de la FIA y asegura que el presente Reglamento, cuyo texto ya ha sido elaborado, reflejará la seriedad de sus objetivos.

   Asimismo, los evaluadores recomiendan al Vaticano realizar una evaluación oficial sobre los riesgos en materia de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, entre otros.  

  El subsecretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Ettore Balestrero, jefe de la delegación de la Santa Sede en la sesión plenaria del Moneyval que tuvo lugar el pasado 4 de julio en Estrasburgo (Francia), ha remarcado la parte del informe en que se explica que la Santa Sede "no es un centro financiero" y que "sus actividades financieras tienen como objetivo apoyar las obras de caridad y la religión".

   Asimismo, ha subrayado la mención sobre que la Santa Sede "goza de una reconocida autoridad moral" que, según el Moneyval, debe emplear "para solicitar el mayor escrúpulo respecto a los demasiado frecuentes delitos transaccionales de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo".

   Balestrero ha asegurado que "se ha dado un paso definitivo, al poner los fundamentos de una "casa", de un sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, sólido y sostenible". No obstante, ha añadido que ahora la Santa Sede quiere "construir un edificio que demuestre su voluntad y la del Estado de la Ciudad del Vaticano de ser un compañero fiable en la comunidad internacional".

   Según el procedimiento del Moneyval, la Santa Sede tiene el plazo de un mes para verificar y eventualmente aportar ulteriores observaciones a la versión enmendada y deberá prestar especial atención a las siete de las 16 recomendaciones GAFI con las que no cumple o no de forma suficiente en la lucha del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.