El escrito del fiscal evidencia que tanto Rodríguez Braga, como la secretaria de Administración, Mónica Menéndez, y el de Formación, Manuel Díaz, participaron de una "actuación concertada" para desviar "de forma sistemática" los fondos públicos recibidos vía subvención tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos. Estas operaciones les permitieron obtener con cargo a las subvenciones "beneficios económicos que revertían principalmente en la propia organización sindical".

Para llevar a cabo esta "operativa fraudulenta", contaron con la "necesaria colaboración" del entonces Delegado Territorial de IFES en Asturias, ya fallecido, y con la ayuda de los encargados de la administración y contabilidad en UGT Asturias y la Delegación Territorial IFES --Alberto González y Silvia Sariego respectivamente--. Contaban además con la "cooperación o auxilio" de la administradora de dos empresas, María Jesús Ocaña.

Los importes defraudados se destinaban, entre otras, al sostenimiento de gastos estructurales del sindicato, en especial costes de su personal laboral. Otra parte se orientó a capitalizar una sociedad vinculada del sindicato para cubrir pérdidas generadas en otras actividades llevadas a cabo por UGT Asturias, como una promoción inmobiliaria en La Felguera.

LOS DELITOS

Según la Fiscalía, parte de los hechos son legalmente constitutivos de dos delitos de fraude de subvenciones. De estos son penalmente responsables como cooperadores necesarios el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga; Mónica Menéndez, Manuel Díaz, y María Jesús Ocaña. Para ellos cuatro, el Fiscal pide cuatro años de cárcel por estos delitos. Son considerados cómplices Alberto González y Silvia Sariego, y como tales se solicita para cada uno veinte meses de prisión.

Por otro lado la Fiscalía identifica otros tres delitos de fraude de subvenciones por los que Braga, Menéndez y Díaz, son responsables en concepto de coautores. En este concepto se solicitan otros seis años de prisión para cada uno de ellos. Se consideran Ocaña, González y Sariego cómplices y como tales la Fiscalía pide otros 30 meses de cárcel.

En total, para el exsecretario general de UGT la Fiscalía pide 10 años de cárcel, al igual que para Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio. Para María Jesús Ocaña, la petición total asciende a seis años y cinco meses; y para Alberto González y Silvia Sariego supone una petición de cuatro años de prisión. Los seis acusados deberán hacer frente a multas que superan, en su conjunto, los cinco millones de euros.

Por último, la Fiscalía entiende que el sindicato UGT es "plenamente responsable" de haber desviado "de forma concertada" con IFES parte de las subvenciones recibidas. El sindicato debería abonar 244.028 en concepto de multa por los importes defraudados.