Díaz afirmó en una entrevista en Radio Cable que "el 15 de febrero, como la pandemia azotaba fuertemente a Italia", convocó a su equipo "porque tenía la convicción de que España es Italia y necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar".

Además, apuntó que a principios de marzo de 2020 ya tenían preparados posibles medidas de protección social, como es el caso del mecanismo de los ERTE. Y añadió que el 4 de marzo su Ministerio presentó una guía de prevención ante el Covid-19 que en aquella época generó una "enorme polémica" en el Gobierno y algunos, en alusión a la CEOE, le tildaron de "alarmista". "Esto fue en la antesala del 8M", explicó la titular de Trabajo.

Ahora, la organización de juristas 'Asociación de Abogados Cristianos' solicita la declaración de Díaz en sede judicial de la ministra de Trabajo por estas declaraciones.

La citada Asociación asegura en un comunicado que recurrió recientemente el archivo provisional de la causa decretado por el juzgado a petición de la Fiscalía y han señalado que actualmente están a la espera de resolución.

En el comunicado recuerdan que la Asociación Española de Abogados Cristianos se querelló contra el Gobierno por un "presunto delito de homicidio imprudente, lesiones y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus".

La organización de juristas culpa al Ejecutivo central y a Fernando Simón, entre otras cosas, "de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus".

Ahora y tras las revelaciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que "las declaraciones de Díaz confirman que el Gobierno silenció lo que ocurría únicamente pensando en imponer su ideología". "Ha antepuesto sus intereses a la vida de los ciudadanos", ha apostillado.

Castellanos critica además la postura de la Fiscalía. En su opinión, "es una vergüenza que la Fiscalía no defienda a los ciudadanos y que trate de evitar que se investigue algo que se ha investigado en prácticamente todos los países de nuestro entorno pese a que en la mayoría de ellos, las consecuencias no fueron tan dramáticas como en España".

Precisamente esta misma mañana el presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido de que su partido solicitará que "la Fiscalía, de oficio, abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información" sobre la pandemia, si el Congreso no abre una comisión de investigación para aclarar si el Gobierno la "ocultó" pese a "conocer la importancia de los contagios" para "no acabar con las manifestaciones previstas para el 8 de marzo".

Díaz afirmó en una entrevista en Radio Cable que "el 15 de febrero, como la pandemia azotaba fuertemente a Italia", convocó a su equipo "porque tenía la convicción de que España es Italia y necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar".

Además, apuntó que a principios de marzo de 2020 ya tenían preparados posibles medidas de protección social, como es el caso del mecanismo de los ERTE. Y añadió que el 4 de marzo su Ministerio presentó una guía de prevención ante el Covid-19 que en aquella época generó una "enorme polémica" en el Gobierno y algunos, en alusión a la CEOE, le tildaron de "alarmista". "Esto fue en la antesala del 8M", explicó la titular de Trabajo.

Ahora, la organización de juristas 'Asociación de Abogados Cristianos' solicita la declaración de Díaz en sede judicial de la ministra de Trabajo por estas declaraciones.

La citada Asociación asegura en un comunicado que recurrió recientemente el archivo provisional de la causa decretado por el juzgado a petición de la Fiscalía y han señalado que actualmente están a la espera de resolución.

En el comunicado recuerdan que la Asociación Española de Abogados Cristianos se querelló contra el Gobierno por un "presunto delito de homicidio imprudente, lesiones y prevaricación en la gestión de la crisis del coronavirus".

La organización de juristas culpa al Ejecutivo central y a Fernando Simón, entre otras cosas, "de no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus".

Ahora y tras las revelaciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que "las declaraciones de Díaz confirman que el Gobierno silenció lo que ocurría únicamente pensando en imponer su ideología". "Ha antepuesto sus intereses a la vida de los ciudadanos", ha apostillado.

Castellanos critica además la postura de la Fiscalía. En su opinión, "es una vergüenza que la Fiscalía no defienda a los ciudadanos y que trate de evitar que se investigue algo que se ha investigado en prácticamente todos los países de nuestro entorno pese a que en la mayoría de ellos, las consecuencias no fueron tan dramáticas como en España".

Precisamente esta misma mañana el presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido de que su partido solicitará que "la Fiscalía, de oficio, abra diligencias contra los responsables públicos que han podido ocultar información" sobre la pandemia, si el Congreso no abre una comisión de investigación para aclarar si el Gobierno la "ocultó" pese a "conocer la importancia de los contagios" para "no acabar con las manifestaciones previstas para el 8 de marzo".