Según la asociación rusa OVD-Info que supervisa la situación de los detenidos en Rusia en casos sospechosos de persecución política, al menos 2.490 personas han sido arrestadas en todo el país desde el comienzo, el jueves por la mañana, de las protestas contra el conflicto.

Entre ellos, según HRW, se encuentran los activistas Marina Litvinovich y Lev Ponomarev, ambos detenidos ese mismo jueves. La primera ya ha sido liberada poco después de recibir una multa por violar, según el tribunal, las ordenanzas contra las concentraciones públicas.

Se tiene constancia de que al menos seis comisarías de Policía de Moscú y otras en San Petersburgo han iniciado en algún momento de las protestas el llamado "Protocolo de Fortaleza", un estado de alarma que cierra las instalaciones al público por motivos de seguridad con peligrosas repercusiones para los detenidos en su interior, que acaban "desconectados" y sin acceso a atención legal o a sus familiares.

Asimismo, Human Rights Watch denuncia la extrema brutalidad con la que, en ocasiones, se han comportado las fuerzas de seguridad rusas a la hora de disolver las concentraciones contra la guerra.

La ONG ha podido verificar, en este sentido, casi una treintena de vídeos publicados en redes sociales sobre las concentraciones en San Petersburgo y Moscú cuyas imágenes exhiben al menos cuatro incidentes de brutalidad policial donde los agentes apalean, estrangulan y arrastran por el suelo a los participantes.

HRW también lamenta la censura que el Gobierno ruso está imponiendo a todos los medios y plataformas a su alcance a través del Servicio Federal para la Supervisión de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia (Roskomnadzor), que este mismo sábado ha ordenado a diez portales independientes que retiren las informaciones sobre víctimas civiles y ataques contra ciudades de Ucrania, bajo la amenaza de bloqueo en caso de incumplimiento.

El regulador esgrime que las informaciones contienen datos "imprecisos" sobre los resultados de la "operación especial", como ha descrito el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la ofensiva que ordenó lanzar el jueves sobre territorio ucraniano.

Roskomnadzor también anunció este viernes la limitación parcial del acceso a Facebook en todo el país en represalia por la decisión de la plataforma de restringir las cuentas oficiales de varios medios nacionales, entre ellos la agencia de noticias RIA Novosti y el canal Zvezda.

Ante esta situación, HRW recuerda que toda acción de las autoridades para impedir que las personas participen en manifestaciones públicas pacíficas y expresen libremente sus opiniones violan un amplio espectro de derechos fundamentales, incluidos los de libertad de expresión y reunión y la prohibición de la detención arbitraria, todos ellos garantizados no solo por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), sino también por la propia Constitución de Rusia.

"Durante años, las autoridades rusas han estado suprimiendo la libertad de expresión y las protestas pacíficas para sofocar las voces críticas", ha lamentado el director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Hugh Williamson. "Ahora, el Gobierno ruso está silenciando a todos los que hablan en contra de la guerra con Ucrania", ha denunciado.

"Esta represión abusiva de un movimiento pacífico contra la guerra es una prueba más por si fuera necesario de la intolerancia del Gobierno hacia las voces independientes", concluye Williamson.