Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.  

  Banús Ferré y Ortega Cedrón han quedado estes lunes en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros.  

  El primero ha admitido durante su declaración, según han señalado las citadas fuentes jurídicas, que tenía cuentas en Suiza y que se acogió a la amnistía fiscal, aunque ha asegurado que no recibió dinero de los responsables de la trama desmantelada con la "operación Emperador". Ortega Cedrón, por su parte, se ha negado a declarar.

NO DECLARARÁN DOS DE LAS FAMILIARES DEL REY  

  El juez Andreu, que investiga estos hechos en una pieza separada del "caso Emperador" que estaba secreta, no citará de momento a María Inmaculada y María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska porque sufren problemas de salud, aunque María Ilia García de Saéz Borbón Dos Sicilias declarará este martes ante el juez instructor.  

  También han sido imputados José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós, que declararán el próximo miércoles; José Antonio Fernando Gil González y Enrique Lasarte Pérez Arregui, que lo harán el jueves; y José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que acudirá a la Audiencia Nacional el viernes.  

  El lunes 17 de junio el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 interrogará a Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex.

A TRAVÉS DE LA TRAMA HEBREA  

  La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la "operación Emperador".

    En las conversaciones telefónicas intervenidas a la trama se desprende que María Margarita y María Inmaculada, primas lejanas del Rey, se relacionaban con la trama a través de la empresaria María Ilia García de Sáez.   

 Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".  

  La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de "Meni". Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de "un reputado joyero y experto diamantero" que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.  

  El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público que obra en la causa.

MIEMBRO DE LA BOLSA DE DIAMANTES DE TEL AVIV   

 El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de la organización". De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental".

   El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando piedras y metales preciosos".