Así lo han anunciado a Europa Press en fuentes de la compañía, que asegura haber mostrado en todo momento "la máxima colaboración" con la CNMC aportando toda la información que está en su poder, y que expresa también su respeto a las decisiones de la Administración.

En cualquier caso, la multa impuesta a la compañía tecnológica ha sido equivalente al 0,73% de la facturación de Indra en España en 2017, que ascendió a 1.833 millones de euros, porcentaje mucho menor que el importe máximo sancionador, que es del 10% del volumen de negocio de la compañía.

En el expediente en cuestión y, según fuentes administrativas consultadas por Europa Press, el tipo sancionador varía considerablemente entre las empresas sancionadas. En algunos casos, el tipo es inferior al 1% de la facturación de las compañías en 2017. Es el caso de Accenture (0,03%), Everis (0,06%), IBM (0,59%) o Indra (0,73%).

En otros casos está entre el 1% y el 4,5% de sus ingresos, algo que ocurre con Atos (1,7%), Babel (2,5%), Cibernos (2,4%), Connectis (4,3%), Gesein (3,5%), o Next (2,3%).

En el caso de Software AG, ha sido sancionada con un tipo mucho mayor, del 8% de su facturación de 2017. Su multa asciende a 6 millones de euros de un total de volumen de negocio declarado en 2017 de 75,19 millones de euros.

La CNMC ha impuesto sanciones por un importe total de 29,9 millones de euros a once empresas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública. Se trata de Accenture, Atos, Babel, Cibernos, Connectis, Everis, Gesein, IBM, Indra, Next y Software AG España.

El organismo remarca que esta trama empresarial se repartió durante un periodo de 15 años los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible con el fin de encarecer la contratación pública de servicios informáticos.

No obstante, en su resolución de 26 de julio, la CNMC reconoce que existió una conducta instigadora por parte de las administraciones públicas para que empresas de servicios informáticos y aplicaciones se repartieran el mercado por vía de acuerdos para licitaciones con estas administraciones, según explican a Europa Press fuentes conocedoras del expediente.

En este caso, la CNMC ha investigado actividades que se produjeron fundamentalmente desde 2005 hasta enero de 2015. Cabe recordar que Fernando Abril-Martorell fue nombrado presidente de Indra el 31 de enero de 2015.

Desde hace más de tres años, Indra ha dado un gran impulso a sus políticas de cumplimiento y Buen Gobierno corporativo, con puntos remarcables como una absoluta independencia, mejoras de los procedimientos internos, intensos programas de formación a empleados -entre ellos, cursos específicos sobre competencia- o el importante papel desempeñado por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo, remarcan fuentes de Indra.