El presidente de la Organización de Inspectores, Ransés Pérez Boga, que presentó este jueves un documento con propuestas del colectivo en materia de lucha contra el fraude, destacó que en momentos como el actual, en el que los ciudadanos consideran que el fraude y la corrupción son el segundo problema del país después del desempleo, se hace más necesario que nunca este nuevo plan.

   También piden que sea obligatorio remitir a la Agencia Tributaria la información de los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones, como es la declaración de bienes y rentas que han de presentar los diputados en el Congreso.

   El seguimiento patrimonial de las personas condenadas por corrupción o tipificar como delito, castigado con penas de prisión, la no entrega o falseamiento de datos en la declaración de bienes patrimoniales son otras de las propuestas de este colectivo.

    A pesar de que para los inspectores ser político es una profesión de riesgo fiscal, como así está reconocido internacionalmente en el caso del blanqueo de capitales, desde el Ministerio de Hacienda se rechaza la posibilidad de establecer una línea especial de inspección para este colectivo porque, a su juicio, no está justificado.  

  Para atajar la corrupción, los inspectores también demandan potenciar la Fiscalía Anticorrupción, aumentando el número de funcionarios de la Agencia Tributaria que auxilien a este órgano, así como aprobar una ley anticorrupción que supervise y controle todos los casos y que tenga facultades legales y medios necesarios.

   Pérez Boga denunció que, además de desoír estas propuestas de la organización de inspectores, el Gobierno, en la última modificación del Código Penal que entró en vigor en enero, ha mantenido la "excusa absolutoria" en el caso de los imputados por delito fiscal (fraude superior a 120.000 euros), de tal forma que su delito queda fuertemente rebajado cuando en el plazo de dos meses desde su imputación saldan sus deudas con Hacienda.

 MENOS PENAS POR DELITO.

   En concreto, los jueces y tribunales pueden imponer al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, lo que puede rebajar la pena de prisión a entre 3 y 6 meses (por lo tanto no supone el ingreso efectivo) y una multa del 25% al 50%, que es un importe inferior al que se le habría impuesto en el ámbito administrativo.

   "El defraudador tiene la puerta abierta para que pagando lo que no pagó en su día se pueda librar de la cárcel", insiste Pérez Boga, quien se preguntó de qué sirve el endurecimiento de las penas en el Código Penal si al que paga, aunque ya esté imputado, le resultan ahora mucho más ventajosas las penas que las que se imponían antes de la reforma.  

  Los inspectores de Hacienda, que dan toda credibilidad a los estudios que cifran en torno al 20% del PIB la economía sumergida, denuncian también que, de acuerdo con el modelo de inspección actual, apenas tienen tiempo para investigar el fraude más sofisticado y complejo. En este sentido, indican que cada equipo de inspección debe analizar a 12 grandes empresas al año, lo que por término medio, supone dedicarles únicamente 20 días, un tiempo que consideran claramente "insuficiente".