Según han informado a Europa Press desde la defensa, apuntando que este aplazamiento sería hasta mediados de diciembre.

   Las fuentes han explicado que esta solicitud se hace para el caso en el que la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, que se encarga de la ejecución de la sentencia, desestime el recurso de súplica que están preparando y que interpondrán contra la resolución dictada este pasado lunes, en la que se rechazó suspender el ingreso en prisión y se ordenó el cumplimiento de la pena de dos años.

   Además, en un escrito remitido al Tribunal, se recuerda que se ha presentado un nuevo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y se pone de manifiesto a la Sala de Málaga que en dicho órgano se ha pedido la suspensión de la ejecución de la sentencia, por lo que pide paralizar los trámites hasta que se admita a trámite dicho recurso, según han confirmado otras fuentes.

   Por otro lado, Pantoja ha ingresado unos 47.000 euros para el pago de la multa impuesta por la Sala, que se suman a los 100.000 euros ya pagados, con lo que restaría un millón de euros por abonar, según han informado las fuentes de la defensa, que siguen manteniendo que se ha rechazado el beneficio de suspensión "a pesar de cumplir los requisitos legales para ello".

   La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga decidió este pasado lunes que había lugar a conceder la suspender la condena, rechazando así la petición de la defensa y después de que la Fiscalía Anticorrupción se opusiera, alegando, entre otros aspectos, que aprovechó su relación con el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado por esta causa también, "favoreciendo la ocultación".

   La Sala, que ya acordó el ingreso en prisión de la cantante y le dio un plazo para cumplir voluntariamente la pena de cárcel y abonar la multa de 1,1 millones de euros, rechazó la suspensión al argumentar que la gravedad de la conducta de Pantoja "resulta incuestionable", recordando que resultó probado que ella y Muñoz "ejecutaron un plan preconcebido para aflorar dinero".

   Aunque el Tribunal señaló que la cantante cumple las condiciones que señala el Código Penal para conceder la suspensión --no tiene antecedentes penales y la condena es de dos años de cárcel--, esta concesión es una potestad del Tribunal y hay que tener en cuenta otras circunstancias, apuntando a la "trascendencia" de los actos realizados.

   Se indicaba que la repercusión "fue y es enorme, configurándose como paradigma de ilegalidad criminal en el aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público y, en tal sentido, de enorme gravedad social", señalando que la pena de prisión debe cumplir "su función de servir de freno a posibles conductas futuras de análoga naturaleza por parte de otras personas" y un carácter "ejemplar".