El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha confirmado este lunes que su partido se sumará a las movilizaciones convocadas por los sindicatos --los días 31 de agosto y 1 de septiembre por toda España y el 6 de septiembre en Madrid-- contra la reforma de la Constitución, que considera "el mayor atentado contra el Estado de bienestar en los últimos tiempos".   

 "Cuando teníamos una Constitución que se nos había dicho que era intocable y que era muy difícil de modificar, de pronto nos encontramos con que sí se modifica, y además con agosticidad y con urgencia, en una modificación express que es el mayor atentado contra el estado de bienestar que hemos conocido en los últimos tiempos", ha señalado en declaraciones a los medios tras la reunión con los sindicatos.   

 El dirigente de IU ha criticado que la reforma "va a atar de pies y manos a futuros gobiernos, tanto de comunidades autónomas como de ayuntamientos o al propio Estado para resolver problemas de contenido social", que a su juicio "están haciendo falta en España".  

  Cayo Lara ha insistido en la necesidad de someter a referéndum cualquier modificación que se quiera llevar a cabo de la Carta Magna ya que, según ha apuntado, una reforma de esta índole "no puede hacerse a espaldas del pueblo y tiene que someterse a referéndum para que tenga la legitimidad de la soberanía popular".   

 En ese sentido, ha lamentado que "cuando las plazas de ciudades y pueblos piden más democracia" con esta decisión "se vuelve a coartar" el concepto de la misma, al sacar "por la puerta de atrás del Parlamento" esta reforma "de calado ideológico hacia medidas neoliberales".  

  Por otro lado, el dirigente de IU ha comentado que la petición dirigida por el diputado del partido, Gaspar Llamazares, al resto de parlamentarios "para que se sumen a la petición de referéndum y se separen de esta actitud antidemocrática de PSOE y PP" aún no ha alcanzado el número de apoyos necesario para someter la reforma a consulta popular (35 diputados o 26 senadores).  

  Al mismo tiempo, ha declarado que su formación es partidaria de acometer una modificación de la Constitución, siempre que sea "de fondo". "Si hay una reforma que sea de fondo, y eso necesita un debate nacional para que el pueblo español pueda decidir", ha sentenciado.

SINDICATOS ADVIERTEN DE "PELIGROSO PRECEDENTE"   

En la misma línea que el dirigente de IU se han expresado el secretario de Política Institucional de UGT, Fredéric Monell; y el secretario de Política Internacional de CC.OO, Javier Doz, los cuales ven en esta reforma "un peligroso precedente" en previsión de posibles nuevas modificaciones de la Carta Magna en el futuro.   

 Así, Monell ha mostrado su discrepancia en cuanto a la forma en que se ha llevado a cabo esta decisión, "en agosto y casi sin debate público", algo que "pone en cuestión los valores de participación que la Constitución proclama, y que puede generar un precedente peligroso para el futuro sobre otras reformas que se pueden plantear".

   Por su parte, Doz ha tachado de "inadmisible" la rapidez con que se va a ejecutar el retoque constitucional. "La Constitución se basó en el consenso amplio de fuerzas políticas y sociales, y en este caso, una reforma de gran calado va a ser aprobada en 15 días desde el anuncio del presidente del Gobierno. Eso es inadmisible. No ha habido debate político y social, y eso abre un peligroso precedente", ha manifestado.