Si bien gran parte de las asociaciones declinan valorar el anuncio del Ejecutivo de Sánchez a la espera de conocer el detalle del proyecto que iría al Parlamento, desde el Foro Judicial Independiente (FJI) ya avisan de que les parece "muy mal" que se legisle para un caso concreto y no porque una realidad social haya cambiado y por lo tanto exija una reforma.

Esa revisión a la baja de las penas de cárcel asociadas a conductas que el Código Penal tipifica a día de hoy como sedición y rebelión obligaría a la Sala que juzgó el 'procés' en el Tribunal Supremo a aplicar un descuento de los años de condena a los líderes independentistas catalanes en prisión, según confirmaron a Europa Press fuentes del alto tribunal.

Para la FJI las leyes se deben aprobar "para afectar a una generalidad de personas indeterminadas y no para beneficiar a unos cuantos", porque de ser así "todos los presos pedirían cambios" para salir a la calle.

"No hay ninguna circunstancia social que obligue a modificar la Ley", explican para luego recordar que si bien se pueden reformar leyes, deben existir razones sociales que justifiquen que determinadas conductas no pueden estar penadas o que deben ser menos penadas. "¿Que razón puede tener el Gobierno para entender que la sedición ya no debe estar penada? No sé como pueden justificar algo", razonan.

"CURIOSO Y SORPRENDENTE, ESTAREMOS VIGILANTES"

De idéntica opinión son en la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), desde donde destacan que hay reformas más urgentes que ésta. Añaden que aparentemente el Gobierno se basa para esta reforma en los acontecimientos y avisan de que estarán vigilantes ante el desarrollo del proyecto legislativo. "Resulta al menos curioso o sorprendente, motivo para estar vigilantes, porque si vamos a hacer un Código Penal a medida de las necesidades del Gobierno lo llevamos claro", añaden.

En este sentido, desde la APIF recuerdan que puestos a modificar una ley orgánica --que requiere de mayoría absoluta para su aprobación en el Congreso-- se podrían tocar reformas "más importantes y necesarias" como los que se refieren a delitos contra los menores.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpd) recuerdan en cambio que todos los gobiernos en democracia han dejado su impronta en el Código Penal y que hay delitos como los sexuales --que también entrarían en esta reforma impulsada por el Ejecutivo-- en los que hay una demanda social para la reforma.

Advierten de que además en el caso de la rebelión no es la primera propuesta que se hace para su reforma, de hecho recuerdan que el PP en la pasada legislatura ya introdujo la posibilidad de la rebelión impropia sin necesidad de violencia.

Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF) ha preferido no valorar la posibilidad de una reforma del Código Penal dado que no hay un texto o un proyecto en estudio sobre el que se puedan pronunciar. No obstante sí que señalan que desde su asociación, hasta la fecha, no estaba entre sus máximas prioridades una revisión de penas que afectaran a delitos como la rebelión o la sedición.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, está determinado a promover una revisión de los delitos de rebelión y de sedición con el fin de que se ajusten mejor a la realidad actual española, si bien aún no ha definido el alcance de esa reforma, que afrontará en cualquier caso con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento.