Los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, que han ejercido la acusación en la causa contra Baltasar Garzón por los cobros de la Universidad de Nueva York, han presentado un escrito de alegaciones en el Tribunal Supremo en el que sostienen que el procedimiento siga su curso ante un tribunal del jurado y califican el archivo por prescripción de esta causa como una suerte de "indulto judicial".  

  La acusación popular ha formulado un recurso de apelación en el que piden revocar los dos últimos autos dictados por el Tribunal Supremo en la causa por la gestión del exjuez en la organización de unos cursos en el centro universitario en 2005 y 2006.   

 El magistrado instructor Manuel Marchena archivó el pasado febrero la investigación abierta por cohecho impropio al considerar que los hechos habían prescrito porque la querella se presentó cuando el plazo había vencido, por 25 días.  

  Los abogados de la acusación cargan contra la calificación del delito como un cohecho impropio y exponen que los hechos son constitutivos de cohecho propio, extorsión y asociación ilícita, por lo que, a su juicio, "queda fuera de lugar el tema de la prescripción".  

  "Se ha retirado la acusación de prevaricación para que sea el tribunal del jurado quien al querellado juzgue", señalan los letrados, que afirman que así el exmagistrado de la Audiencia Nacional no podrá dudar de la "imparcialidad" de esta institución ni poner "excusas" si le condenan por "obtener dinero y otras prebendas".

EL TS HA PUESTO "PATAS ARRIBA" LA JURISPRUDENCIA   

 De este modo, añaden, Garzón no podrá "decir que ha habido tramas, envidias o intrigas contra él" ni podrá quejarse "del peso de aguantar con su palo su propia vela de cobros, patrocinios y enredos a los que le llevó la codicia".   

 Asimismo, los abogados Panea y Mazón consideran que la decisión del juez instructor del Supremo equivale a "un indulto judicial" y "sin base legal" a Garzón, tras su condena por las escuchas del caso Gürtel. A su juicio, el archivo por prescripción es una especie de "golpe de mano procesal" donde se ha puesto "patas arriba" la jurisprudencia relacionada con este caso.

   "Se puede comparar esta artificiosa apreciación de la prescripción con un indulto judicial dado a Garzón por sus propios jueces condenadores, en un ejercicio de salomonismo que constituye una extralimitación cuya sombra prolongada oscurece la labor del conjunto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo", señalan, antes de resaltar la pérdida de confianza ciudadana en este órgano.

PRESCRIPCIÓN "IMPOSIBLE"  

  En el recurso presentado ante la Sala de lo Penal, los letrados consideran que es "imposible" aplicar la prescripción cuando Garzón recibió el último "salario, dádiva o regalo" procedente de los patrocinios el 3 de julio de 2009 y la querella fue interpuesta el 12 de junio de aquel año, "19 días antes" del plazo de tres años establecido para la caducidad de este delito.

   Ante una prescripción "controvertida", como es el caso, consideran que no tenía facultad el instructor para apreciarla sino que debería haber recaído en la misma Sala de lo Penal, "que Marchena se salta".  

  A su juicio, la decisión de este juez puso de relieve su "postura obstinada en apreciar la prescripción en donde ni manifiestamente concurre, ni donde sería el instructor competente por la ley para declararla sino el tribunal del juicio".

   En cualquier caso, invocan a la jurisprudencia dictada por la misma Sala Segunda para argumentar que la presentación de la querella interrumpe la prescripción y concluyen que el propio Garzón compareció para dar cuenta sobre la primera querella que se interpuso en 2008 por los entonces únicos patrocinios conocidos del banco Santander.