La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado este miércoles que si los interlocutores del Gobierno consideraron las actuaciones de la Justicia contra ETA como un "obstáculo" y las colocaron al mismo nivel que las "abominables, persistentes y terroríficas conductas delictivas" cometidas por la banda terrorista, deslegitimaron con su comportamiento la actuación de los jueces.    En un comunicado, la asociación mayoritaria en la carrera judicial se ha referido a las informaciones referidas a las reuniones que mantuvieron mediadores del Gobierno como Javier Moscoso, Jesús Eguiguren y Javier Gómez Benítez con ETA, según recogieron las actas incautadas en Francia al dirigente etarra Francisco Javier López Peña, Thierry.  

  En concreto, ha aludido a la figura de José Manuel Gómez Benítez, cuestionando la "conveniencia" de que siga ejerciendo como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que la "razón de ser" de este órgano no es otra que la "defensa de la integridad de la jurisdicción y de la independencia de los jueces, desde una perspectiva de Estado democrático de Derecho".

   Sin "prejuzgar" el resultado de los procesos judiciales en curso, la asociación ha advertido de que los mediadores habrían llegado a "equiparar las necesarias y beneméritas actuaciones del Estado de Derecho" con las "abominables, persistentes y terroríficas conductas delictivas ejecutadas por los enemigos de la pacífica convivencia de la sociedad española". "Se confunde así por esos comisionados el ejercicio de la legítima autoridad  estatal frente al delito con una pugna  entre iguales", ha añadido.

 CONSIDERABAN A LA JUSTICIA COMO UN OBSTÁCULO INSALVABLE   

"Sabemos, en la medida en que se ha publicado sin desmentido alguno, que esos comisionados han considerado las actuaciones de la Justicia como un problema y un obstáculo, a veces incluso insalvable y siempre creador de dificultades de necesaria elusión, para el desarrollo y consecución de los fines propuestos por los interlocutores", han apuntado.   

A su juicio, el comportamiento de los interlocutores nombrados por el Gobierno deja en evidencia que consideraban el Estado de Derecho como "algo ajeno" a ellos y que consideraban "una prueba de leal proceder" llevar a cabo actuaciones encaminadas a "frustrar" las acciones de los magistrados.   

 De esta forma, advierte que los mediadores "deslegitimaron la actuación de los jueces" en la medida en la que colocaron "al mismo nivel" e incluso "supeditaron" su actuación al servicio de la legalidad democrática y a determinadas conductas que "se califican de delictivas en cualquier sociedad moderna". Para la asociación, esta posición constituiría además una "interferencia" en la independencia de los jueces.   

 Por ello, la APM ha querido resaltar que los magistrados rechazan estos comportamientos al considerarlos "incompatibles" con los principios de separación de poderes e independencia judicial