La juez de Instrucción número 8 de Madrid tomó anoche declaración a los 35 detenidos mayores de edad en la concentración del martes, que se saldó además con 64 heridos durante los disturbios que tuvieron lugar principalmente en Neptuno y en la zona de Atocha. Además, otras tres personas fueron detenidas tras la segunda acción celebrada el miércoles 26, también en la Plaza de Cánovas del Castillo.

   El artículo 494 del Código Penal establece una pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso de los Diputados cuando esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".

   Por su parte, los organizadores han denunciado que los incidentes y las detenciones forman parte de una "estrategia de producción de miedo" y de "criminalización" que, a su juicio, ha emprendido el Ejecutivo, y han defendido que es necesario continuar con las protestas. "Vamos a volver a rodear el Congreso y decirles que gobiernen para los ciudadanos y no para los bancos", ha asegurado Nico Sguiglia, uno de los portavoces "eventuales" de la coordinadora.

DECENAS DE CONCENTRACIONES DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA

   No obstante, la Coordinadora ha asegurado en su página web que "no todo está en Madrid" y anuncia que ya son al menos veinte las ciudades, tanto españolas como extranjeras, en las que se han convocado actos paralelos de apoyo para este sábado por la tarde. 

  Así, por ejemplo, los valencianos que quieran denunciar el "secuestro" de la democracia "llevado a cabo por los mercados financieros y ejecutado con la colaboración de la mayoría de los partidos políticos" podrán hacerlo alrededor de las Cortes Valencianas, o los cántabros, en Santander, frente a la Delegación del Gobierno. Asturias, Badajoz, Estepona, Málaga, Mallorca, Murcia, Tarragona, Vigo o Valladolid son otras de las ciudades que se han sumado. 

  Fuera de España, ya se han convocado protestas en Londres, frente a la embajada española a partir de las 18.00 horas, así como en París, Amsterdam, Bruselas y Berlín y otras ciudades alemanas. Todas estas acciones se suman además a las ya previstas en Portugal y en Italia para este sábado.

   Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha defendido la actuación del juez de la Audiencia Nacional en torno a los detenidos del movimiento y ha reivindicado que concretar el tipo penal es algo que "no le corresponde al político". 

  Al respecto, ha indicado que desde su punto de vista, "igual" se hizo una calificación jurídica "apresurada" por parte de determinados políticos. Así, ha destacado que cualquier actuación presuntamente delictiva "necesita mínimamente de una investigación para concretar cuál es el tipo penal, y eso por supuesto que no corresponde a un político, si no a quienes tienen la legitimidad, que es el juez". 

  Por este motivo, entiende que la actuación del juez de la Audiencia Nacional "lo que ha devuelto ha sido la normalidad a quien corresponde calificar", y "me merece todo el respeto", ha agregado.

   Bravo ha puntualizado que "es un momento muy duro, quizá el más duro desde el punto de vista económico que los ciudadanos de este país han vivido en los 35 años de democracia", y ha agregado que si en el ámbito del ejercicio legítimo de este derecho a la libertad de expresión y a la manifestación se produce algún tipo de altercado o hecho delictivo, "para eso están los tribunales de justicia, para poder actuar en consecuencia", ha apostillado.

"NO ES UNA CUESTIÓN DE DECEPCIÓN" 

  Sin embargo, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha referido a la decisión de que los detenidos del 25-S no sean investigados por la Audiencia Nacional y ha señalado que a ella no le gusta la decisión, pero por supuesto la comparte.

   En este sentido, ha indicado que "no es una cuestión de decepción", y ha recalcado que en la Delegación de Gobierno lo que hacen en las manifestaciones "es garantizar el orden público". 

  Por otro lado, la juez de instrucción número 8 de Madrid decidirá el próximo lunes si se inhibe a favor de la Audiencia Nacional en relación con la causa en la que investiga a los detenidos el pasado martes. 

  En un auto dictado anoche la juez acordó dejar en libertad con cargos a 34 de los 35 detenidos el pasado martes bajo la imputación del delito contra las Instituciones del Estado, entre otros tipos penales.  

     Mientras tanto, el hermano del único de los detenidos en los incidentes del 25-S que se encuentra en prisión ha abonado este viernes la fianza de 1.000 euros impuesta por la juez por delitos de atentado y desórdenes públicos, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. 

  Tras prestar declaración judicial, la magistrada ordenó anoche el ingreso en prisión de Manuel R.O. y fijó una fianza de 1.000 euros para eludir esta medida procesal. 

  La resolución de ingreso en prisión recoge que el imputado se encontraba con un grupo de personas sin identificar "causando diversos destrozos en el mobiliario de dicha estación", según las manifestaciones de los vigilantes de seguridad. 

  "Dichas personas al observar la presencia de los policías comenzaron a correr en dirección a los andenes de RENFE cruzando las vías y deteniendo el tráfico ferroviario". Una vez fuera de la estación, según el auto, estas personas lanzaron objetos contra los agentes y se encerraron en un bar.