La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este jueves prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros consejeros cesados que han acudido a la Audiencia Nacional, a excepción del exresponsable de Empresa de la Generalitat Santi Vila, para el que pide prisión bajo fianza de 50.000 euros , han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Ministerio Público ha formulado esta petición atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlament de Cataluña. Todos ellos se han limitado a responder a las preguntas de su abogado, a excepción del exconseller de Empresa Santi Vila que también ha respondido a la Fiscalía.

De los catorce citados por la juez del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco -entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont-- se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. Se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

ALEGATO DE LOS ACUSADOS

Según informan fuentes presentes en las declaraciones, los abogados de los exconsellers les han preguntado acerca de si hubo violencia en su actuación o les consta que haya existido durante la defensa del denominado 'procès' independentista. Estas preguntas pretenderían demostrar que no cometieron delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.

Vila, posible candidato del PDeCat a la Presidencia de la Generalitat, ha matizado ante la magistrada que estuvo al lado de Puigdemont en todo momento y que abogó por el diálogo hasta el final. Hace siete días presentó su dimisión ante la negativa de Puigdemont a convocar elecciones.

Pasadas las doce del mediodía ha comenzado una vistilla conjunta tras la cual la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decidirá las medidas cautelares a adoptar contra los investigados a tenor de la petición formulada por los fiscales del caso, Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira.

En el auto del pasado martes por el cual admitía a trámite la querella del Ministerio Público, Lamela dijo que existían factores para determinar la necesidad "de adoptar medidas cautelares de carácter real" ante la "gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos en este proceso", que, tal y como expone la Fiscalía en su querella, se remonta al 9 de noviembre de 2015, cuando arrancó el plan independentista en el Parlament.

El primero en llegar a la Audiencia Nacional ha sido Oriol Junqueras; tras él han llegado Raúl Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borràs (Gobernación). El último en hacerlo ha sido Vila, que a diferencia del resto, no ha recibido los aplausos ni la ovación de los miembros del PdeCat que les esperaban a la entrada de las dependencias judiciales.

Abogado de exmiembros de la Mesa del

Parlament critica que la ausencia de

Puigdemont perjudica a sus clientes

El abogado de tres exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, investigados en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia (DUI), ha asegurado este jueves que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont haya decidido no acudir a la Audiencia Nacional para declarar por los mismos hechos perjudica a sus defendidos.

Así lo ha manifestado Javier Melero, letrado de Lluís Maria Coromina, Lluís Guinó y Ramona Barrufet a los medios de comunicación a su salida del Tribunal Supremo, después de que las declaraciones de los seis investigados en el alto tribunal --entre ellos la presidenta de la cámara parlamentaria Carmen Forcadell-- hayan sido suspendidas hasta el próximo 9 de noviembre.

Preguntado por si cree que Puigdemont haya decidido no comparecer ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela perjudica a sus defendidos --diputados del PDeCAT--, el abogado ha contestado un rotundo "sí, por supuesto". No obstante, el defensor del secretario tercero de la mesa, Joan Josep Nuet, ha preferido no entrar en el asunto y ha afirmado que si tiene consecuencias o no este hecho lo debe decidir el juez.

Forcadell, Corominas, Guinó, Barrufet, Nuet y Anna Simó estaban citados este jueves a las 9.30 horas para declarar ante el juez Pablo Llarena por la querella presentada el pasado lunes por el Ministerio Público. Las comparecencias se han suspendido hasta el próximo 9 de noviembre a petición de los abogados.

El juez también ha acordado poner a estas personas bajo vigilancia policial hasta ese día, aceptando así la solicitud del fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadenas. Estas medidas cautelares consisten en facilitar un domicilio y un teléfono en el que estén localizables en todo momento, con el fin de garantizar su puesta a disposición judicial.