En concreto, el Instituto Armado llega a esta conclusión, ya incorporada al sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investiga la organización de la consulta, tras analizar la documentación y los dispositivos intervenidos a David Palanqués, uno de los responsables del área de Tecnologías de la Información destacado en el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, en relación con el contrato de la empresa DXC Tecnology para desarrollar la aplicación de voluntariado del 1-O.

Según explica el informe, Palanqués participó en el desarrollo, puesta en funcionamiento y supervisión de la aplicación 'Connecta't al Voluntariat' lanzada en mayo de 2017 para crear una bolsa de voluntariado. Sin embargo, el objetivo era la denominada "Crida Extra" o "Crida de Colaboradores Referéndum 2017", que fue activada en la madrugada del 7 de septiembre, horas después de que viera la luz en el Parlament la convocatoria de la consulta, para buscar recursos humanos que la hicieran posible.

"Hasta ese momento, esta 'crida extra' se mantuvo oculta, tanto en su fase de producción como en preproducción", expone el informe de la Guardia Civil, que incide en que el mismo día en que se puso en marcha la aplicación y se publicitó en la web referendum.cat el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum y los funcionarios involucrados en el proyecto, como el propio Palanqués, eran conscientes de ello.

De hecho los agentes intervinieron un email de Palanqués del día 15 de septiembre que informaba de que la tarde anterior se había cerrado el formulario para registro de voluntarios y la 'Crida extra' ya no aparecía en la aplicación, así como que se iniciaba una fase de entre tres y cuatro días para que los inscritos validasen su registro.

Avisaba también de que "una vez finalizado el proceso los datos serían eliminados, con una clara intención", según la Guardia Civil, "de eliminar cualquier prueba que pudiera ser utilizada en investigaciones posteriores". Se habían apuntado ya 47.498 personas.

COSTE TOTAL MUCHO MÁS ELEVADO POR EL PRESONAL DE LA GENERALITAT

Sólo la aplicación costó a la administración catalana 161.315,68 euros, de acuerdo a los datos que facilitó la empresa que la puso en marcha, pero "el valor total que supuso todo este proyecto fue más elevado", de acuerdo al mismo informe, que llama la atención sobre "la cantidad de personal de los diferentes departamentos de la Generalitat que, desde el mes de mayo de 2017, casi en exclusividad y algunos incluso en meses anteriores, trabajaron con este fin".

"Personal del centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, de los Departamentos de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, del de Trabajo y de otros organismos públicos autonómicos utilizaron horas de dedicación, recursos materiales que en ocasiones fueron adquiridos exprofeso para este fin, lo cual hace pensar que el coste económico total fue muy superior a la cantidad reclamada por DXC por sus servicios", concluye.