Según ha informado la Fiscalía Superior de Cataluña en un comunicado, el ministerio público ha decidido continuar con la práctica de diligencias para determinar la eventual responsabilidad de los alcaldes en la "cesión de los locales o edificios de titularidad municipal efectivamente dispuestos y abiertos al público como centros de votación".

Fuentes fiscales han precisado a Europa Press que en la reunión de este martes en la Fiscalía Superior en la que se han reunido los fiscales jefe de Cataluña se ha analizado el estado de la tramitación de los procedimientos, que se seguirán por presuntos delitos como desobediencia, malversación y prevaricación y por los que se ha pedido más documentación a los consistorios.

En septiembre de 2017, la Fiscalía General del Estado pidió a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abrieran investigaciones contra 712 alcaldes catalanes por su colaboración en la preparación del referéndum de independencia del 1 de octubre tras haber firmado un decreto de apoyo a la consulta.

Tras más de seis meses de investigación, la Fiscalía pidió una prórroga de seis meses más para seguir con las diligencias de investigación, por lo que tienen de plazo hasta finales de septiembre de este año para concluir las pesquisas y decidir si se presenta denuncia en los juzgados correspondientes.

Tras abrir diligencias, las fiscalías provinciales citaron a una cincuentena de alcaldes y ahora se prosiguen los procedimientos para parte de este grupo de ediles, aunque las fuentes consultadas no han concretado la cifra.

Así, se hizo una primera criba y se archivaron las diligencias contra muchos de los alcaldes, en casos por ejemplo en los que no se abrieron locales municipales para las votaciones.

PETICIÓN DE ARCHIVO

Fuentes de los servicios jurídicos de la AMI han explicado a Europa Press que, tras las citaciones de alcaldes, al menos en una veintena de casos presentaron escritos para solicitar el archivo porque la causa por el 1-O ya se judicializado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y porque a su entender era actuaciones "prospectivas".

En otros casos fueron los propios alcaldes, al ser citados, quienes pidieron directamente en la comparecencia que se archivara la causa contra ellos, y se acogieron a su derecho a no declarar.

Tras siete meses de la apertura de las diligencias, no se ha recibido respuesta a ninguno de estos escritos, por lo que están estudiando la posible nulidad de las actuaciones.