Así lo ha expuesto en la jornada 'Frente a la amnistía, igualdad, libertad y dignidad' que ha organizado el Grupo Popular en el Congreso, a la que han asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, y más cargos y parlamentarios del PP.

En este debate --que ha moderado la periodista del diario El Mundo Marisa Cruz-- han participado más juristas y catedráticos, como Nicolás González Cuéllar Serrano, Tomás Ramón Fernández, José Manuel Vera Santos y Enrique Gimbernat Ordeig.

EL RECURSO AL TC QUE PREVÉ EL PP NO CONLLEVA LA SUSPENSIÓN

Freixes ha explicado que hay varios mecanismos para actuar contra la Ley de Amnistía si se aprueba, empezando por el recurso de inconstitucionalidad en los tres primeros meses posteriores a la entrada en vigor de la ley y que pueden presentar 50 diputados o senadores.

Eso sí, ha admitido que en un recurso de inconstitucionalidad "es muy difícil, por no decir imposible, que se marque la suspensión de la ley impugnada", por lo que "la norma se iría aplicando hasta que recayera la sentencia", lo que pueden "ser meses o años". Feijóo ya ha anunciado que el PP recurrirá la Ley de Amnistía al TC si se aprueba.

A renglón seguido, la jurista ha indicado que el juez puede plantear tambien una cuestión de inconstitucionalidad y ha agregado que en ese caso sí tiene efecto suspensivo hasta que recaiga la sentencia sobre el fondo.

Además, ha señalado que exista la posibilidad de comunicar al CGPJ que se está tramitando una cuestión de inconstitucionalidad sobre una norma concreta y pedir que haya "una paralización general" de los procesos que estén fundamentados sobre exactamente lo mismo. Ahí, ha proseguido, también tendrían ese efecto suspensivo hasta que recaiga la sentencia.

Freixes ha relatado después que hay otras posibilidades, dado que la amnistía "choca radicalmente con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que es el que exige el respeto al Estado de Derecho por parte de todos los Estados miembros".

A su entender, eso abre la vía a "poner una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea" que debería presentar el propio juez que estuviera interviniendo en el caso para ver si hay "adecuación entre la legislación española y el derecho de la Unión Europea". "Ahí tenemos también un efecto suspensivo", ha agregado.

Sin embargo, ha admitido que esta vía se antoja difícil porque van a hacer todo lo que se pueda para que el tribunal no la admita a trámite. "Saben que si se admite a trámite ya tenemos la suspensión colocada y entonces están ya intentando convencer de que si eso se llegara a presentar que no se admitiera a trámite la cuestión prejudicial", ha apostillado.

Tras asegurar que va a ser "muy difícil encajar" el contenido de la amnistía dentro del marco constitucional, Freixes ha avisado que hay territorios donde puede extenderse este asunto, dado que la apertura de esta cuestión puede llevar a "la desmembración del territorio nacional o la conversión de España en una especie de confederación de facto".

Y en ese escenario, Freixes ha avisado que la Unión Europea "no puede quedar indiferente" sino que "va a tener que tomar cartas en el asunto porque es muy peligrosa esta senda" y "pone en tela de juicio la misma integración" de la UE.

"DEJA FUERA DE JUEGO AL PODER JUDICIAL"

Por su parte, Tomás Ramón Fernández ha afirmado que en la Constitución no se ha atribuido al Poder Legislativo el poder de amnistiar. De hecho, ha señalado que los constituyentes ya rechazaron enmiendas en ese sentido. "Sabían de lo que hablaban, porque ya antes se habían acordado dos amnistías. Es decir, que no se quiso", ha manifestado.

A su entender, la amnistía "hace excepción al principio de separación de poderes" y "deja fuera de juego al Poder Judicial", que es al poder al que corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". "Si se quiere excepcionar ese hacer ejecutarlo juzgado, eso tendría que haberlo dicho la Constitución, el qué y el cuándo", ha manifestado.

Según ha dicho, la Carta Magna "no puede amparar una amnistía" como la que pretende Sánchez con los independentistas, que forma parte de un "trato ilícito" para hacer a Sánchez presidente del Gobierno. "Ese trato no puede justificar una decisión como esta porque sería una arbitrariedad. Y la arbitrariedad viene expresamente prohibida en el texto de la Constitución", ha manifestado.

Finalmente, Enrique Gimbernat ha indicado que "si el indulto general está prohibido, con mayor motivo una medida de gracia mucho más generosa que es la amnistía". Además, ha recordado que "durante el franquismo se dictaron trece indultos generales para escándalo de todos los juristas y también de los juristas constituyentes".

"Hay este acorazamiento constitucional de los indultos generales que tiene su razón de ser en los tres indultos generales del franquismo", ha proclamado, para añadir que la amnistía, que es una medida de gracia "más amplia", está "prohibida".