España, Bélgica y Malta han sido los Estados miembros más reticentes a la reforma del acuerdo de Schengen por considerar que las reglas actuales ya permiten responder a estas situaciones, según han informado fuentes diplomáticas.   

 "La posición clara de todos los Estados miembros y de la Comisión es que el libre movimiento de personas por el territorio de la UE es uno de los logros clave de la Unión y que tenemos que salvaguardarlo", ha dicho el ministro húngaro del Interior, Sándor Pintér, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE, al término de la reunión.   

 "Hay una gran unanimidad sobre que Schengen es algo que hay que defender. El hecho de poder viajar de Finlandia a Malta o de Portugal a Estonia, sin controles fronterizos es algo muy valioso, un regalo para los ciudadanos", ha dicho por su parte la comisaria de Interior, Cecilia Malmström.  

  "La Comisión, que es guardiana de los Tratados, no va a debilitar Schengen, pero necesitamos más claridad en las reglas y en los procedimientos para evitar decisiones unilaterales y no coordinadas", ha sostenido Malmström.

   En este sentido, la comisaria de Interior ha defendido "la posibilidad de reintroducir temporalmente controles fronterizos", pero ha dicho que esta medida debe utilizarse "como último recurso", "en condiciones muy definidas" y con una "base comunitaria".  

  Más de una quincena de Estados miembros han respaldado este nuevo mecanismo de suspensión temporal de Schengen. Pero la mayoría ha reclamado que la decisión final de activarlo corresponda a cada Estado miembro, sin supervisión de la UE, puesto que el control de fronteras es competencia nacional. Alemania y Austria han sido las delegaciones más categóricas en este sentido, mientras que Francia está más abierta a un mecanismo de arbitraje.   

 Sólo Chipre, que todavía no forma parte del espacio Schengen, se ha mostrado opuesto a cualquier reforma. Por su parte, España, Bélgica y Malta han defendido que si se refuerzan las fronteras exteriores de la UE, se mejora la cooperación con los países de origen de los inmigrantes y se aumenta la solidaridad entre los Estados miembros, la reintroducción temporal de controles resultaría innecesaria.  

  En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ha expresado su oposición a modificar la legislación que regula el espacio sin fronteras Schengen y ha defendido una mejor "interpretación de la normativa que existe". "España cree que en el marco actual existe un marco legal que permite en circunstancias muy excepcionales establecer controles", ha dicho el secretario de Seguridad.   

 En la actualidad, los Estados miembros ya pueden reintroducir unilateralmente los controles fronterizos interiores alegando motivos de seguridad u orden público. A juicio de Camacho, este supuesto ya permitiría suspender temporalmente Schengen para hacer frente a flujos masivos de inmigrantes. En contraste, Francia e Italia quieren introducir en la normativa nuevos supuestos que permitan suspender Schengen, como los flujos de inmigrantes.   

 "Ningún país dentro de la UE pretende llevar a cabo una modificación de los principios de libre circulación de personas y por lo tanto de la norma que regula esa libre circulación", ha dicho el secretario de Estado de Seguridad.  

  "Nadie está dispuesto, y Francia ha sido especialmente clara en esto, a cuestionar el espacio Schengen. Lo que se pretende a través de esta discusión es reforzar el espacio Schengen", ha insistido.   

 Camacho ha defendido que, ante las revueltas ciudadanas en los países del norte de África, la respuesta que tiene que dar la UE es "una imagen clara de que Europa no se disuelve ante ese fenómeno, que Europa sale en apoyo y que de forma conjunta hace frente a la presión que en este momento están teniendo determinados países como consecuencia de movimientos migratorios".  

  Tras el debate de este jueves, la Comisión tiene que presentar ahora propuestas concretas sobre cómo funcionará el nuevo mecanismo de suspensión de Schengen y si exigirá o no una reforma legal. La cuestión volverá a discutirse en la reunión de ministros del Interior de la UE que se celebra en junio y en la cumbre de líderes europeos que tendrá lugar a finales de ese mes.