Es una de las modificaciones consensuadas por los embajadores de los Estados miembros con respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, para reforzar la idea ya apuntada por Bruselas de que no se trata de un "documento de viaje" que sirva para abrir fronteras, sino de un documento médico.

El objetivo es que cada Estado miembro pueda adaptar las medidas sanitarias que impone para el control de la pandemia a la situación del visitante, por ejemplo eximiendo de cuarentena o de la obligación de presentar una PCR negativa al turista vacunado o con anticuerpos.

Así, el documento en cuestión --gratuito en todo caso, bilingüe y expedido en formato físico y digital-- servirá para que su titular pueda acreditar si ha sido vacunado contra el coronavirus (cuándo y con qué suero), pero también si tiene anticuerpos porque ha superado la enfermedad o si cuenta con un test negativo reciente.

De este modo, la Unión Europea aspira a reactivar el turismo este mismo verano pero sin caer en la discriminación entre europeos que hayan recibido una vacuna y los que no, ya sea por decisión propia o por imposibilidad. Además, la Comisión Europea ha previsto en su propuesta salvaguardas con las que asegurar la protección de datos de los europeos.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo el martes ante una comisión del Parlamento europeo que el objetivo es que el desarrollo técnico y regulatorio del certificado esté listo en junio, de modo que sea posible cerrar el acuerdo entre instituciones a tiempo para que sea adoptado por el pleno de la Eurocámara a mediados de junio.

Ello permitiría poner en marcha los primeros proyectos piloto en las primeras semanas de junio y contar con el sistema "plenamente operativo" antes de que acabe el mes de junio, según los cálculos de Reynders.

Este es también el calendario que comparten los Estados miembro, como ha dicho el primer ministro portugués y presidente de turno del Consejo de la UE, António Costa, quien ha confiado en poder avanzar con diligencia en las negociaciones.

Una vez sea adoptado el instrumento, los países tendrán un periodo de seis semanas para seguir aplicando sus sistemas actuales para dar tiempo a adaptarse y asegurar la plena operatividad del nuevo certificado cuando sea implantado en su territorio.

"La situación epidemiológica actual sigue siendo de gran preocupación, pero cuando miramos más allá necesitamos contar con soluciones que funcionen en todos los estados miembro", ha destacado Costa.

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado con un mensaje en las redes sociales el consenso a Veintisiete porque permite avanzar en el proceso de cara a las negociaciones con el Parlamento.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, por su parte, ha destacado que se trata de "otro paso adelante" y que los Estados miembro se prepararán ahora para "reactivar la movilidad de manera ordenada y segura" a partir del momento en que el certificado sea adoptado y pueda aplicarse.