Los abogados expertos en derecho fiscal y penal advierten de que retirar la prescripción del delito fiscal para las rentas detectadas en cuentas en el extranjero podría vulnerar la Constitución Española (CE) y supone una medida contradictoria con la amnistía fiscal aprobada la pasada semana.   

El socio de Cuatrecasas y experto en asesoramiento fiscal al sector financiero Luis Bravo explicó a Europa Press que la medida anunciada este viernes por el Gobierno es "muy voluntarista, pero colisiona directamente con la Constitución Española" y plantea problemas técnicos "muy serios".  

  Bravo consideró que retirar la prescripción al delito fiscal por rentas en el extranjero supone una medida "coercitiva y muy dura" para las personas que tenían previsto acogerse a la amnistía fiscal aprobada la semana pasada, que exime al contribuyente de cualquier responsabilidad penal.    El experto señaló que la retirada de la prescripción de estos delitos podría provocar que la gente que iba a regularizar se retracte y prefiera mantener el dinero en el extranjero "de por vida". "Suprimir la prescripción plantea serios problemas de seguridad jurídica", apuntó Bravo.   

 Por su parte, el socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo y experto en derecho penal Carlos Aguilar coincidió en señalar la posible inconstitucionalidad de la medida y recordó en declaraciones a Europa Press que el único delito que carece de prescripción es el genocidio.   

 Por otro lado, Aguilar consideró que la medida es "absolutamente contradictoria" con la amnistía fiscal aprobada la semana pasada, ya que la persona que pretende regularizar se quedaría sin seguridad jurídica ante posibles inspecciones de ejercicios ya prescritos.   

 Además, el abogado destacó que el Tratado de Roma estableció la libre circulación de capitales, por lo que la medida atentaría con dicha libertad, que en sí misma no supone delito alguno. La aministía fiscal está planteada para acogerse durante 2012 y el anteproyecto de ley aprobado este viernes entraría en vigor en enero de 2013.   

 El socio de fiscal de DLA Piper, Carlos Rodríguez, precisó que hasta que no se conozca en texto el anteproyecto de ley del plan de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Gobierno no se puede concretar sobre sus efectos ni tomar una posición concreta.  

  Sin embargo, Rodríguez incidió en que retirar la prescripción plantea un "problema" de defensa de los derechos fundamentales y está en desacuerdo con el derecho constitucional y penal. En este sentido, el abogado puso como ejemplo que, en caso de que la Justicia reclame deudas fiscales de hace diez años, el afectado se podría encontrar en situación de indefensión por haber perdido los documentos.    

   El experto añadió que esta medida solo se puede entender en relación con la amnistía fiscal aprobada y que pretender ser un incentivo para animar a la gente a que se acoja a la regularización, aunque insistió en la necesidad de que en el texto legislativo se determinen las garantías jurídicas.  

  Los expertos coincidieron en afirmar que la retirada de la prescripción atentaría contra el artículo 9.3 de la CE que "garantiza que el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".