España cuenta con 24 cementerios o parcelas en cementerios municipales que, según el Informe 2013 elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí, son "insuficientes" para atender las necesidades de los musulmanes.

   "Aunque se detectan avances, tampoco podemos enterrar con normalidad, y en tal difícil trance, a nuestros mayores fallecidos; tras el óbito comienza un doloroso calvario para encontrar dónde enterrar a nuestros muertos, puesto que este es nuestro país, y el de acogida de muchos también", advierten los autores de este Informe para la observación y el seguimiento del ciudadano musulmán y la islamofobia en España, al que ha tenido acceso Europa Press.

   En todo caso, señalan que van consiguiendo "sensibilizar" sobre esta necesidad "a algunas corporaciones municipales" pero admiten que "quedan muchísimos municipios sin cubrir este servicio fúnebre, incluido el de la capital del Estado", Madrid.

   Según el artículo segundo de la Ley orgánica de Libertad Religiosa, se reconoce el derecho de toda persona a "recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos". Además, según los Acuerdos de Cooperación de 1992 con la comunidad islámica, los musulmanes tienen derecho a "la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios". Asimismo, establecen que se han de tener en cuenta sus ritos funerarios.

46 PROFESORES PARA "APARENTAR" LIBERTAD

RELIGIOSA

   Otro de los asuntos en el que la comunidad musulmana española observa "discriminación" es en la contratación de profesores para la enseñanza del Islam ya que en toda España hay contratados 46 docentes musulmanes, una cifra que lleva congelada cinco años. Además, precisan que estos docentes solo están en las cinco autonomías en las que la competencia es del Estado mientras que en las que tienen las competencias transferidas no hay ningún profesor musulmán --excepto en el País Vasco, con un docente--.

   "Los pocos profesores de religión no católica contratados, son un mínimo para aparentar libertad religiosa, pero en absoluto pensado para cubrir la demanda por las administraciones educativas", denuncian.

   Los autores del documento calculan que se necesita contratar a 400 profesores para cubrir la demanda de los 243.437 alumnos musulmanes que viven en España, de los cuales, el 35% son españoles y el 65% de otra nacionalidad.

   Según la Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), "la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación" celebrados con cada una de las confesiones.

   Así, los Acuerdos con la comunidad musulmana garantizan "a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados" siempre que el ejercicio de aquel derecho "no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria".

   Además, el informe advierte de que todavía hay centros que "no comunican a los padres" que existe la posibilidad de optar por que su hijo estudie religión islámica en el momento de formalizar la matrícula. Asimismo, apuntan que incluso donde se ha conseguido la impartición de clases de religión islámica en educación Primaria, es "absolutamente inexistente" en Secundaria y Bachillerato.

"SEGREGACIÓN" POR EL PAÑUELO

   El estudio también se refiere al "cíclico y reiterativo" asunto del pañuelo de las alumnas musulmanas y critica la existencia de centros educativos "segregacionistas" que "se excusan sobre presuntas imposiciones familiares y falsas desigualdades" ante lo que los musulmanes definen como "simple vocación temprana o compromiso religioso de una menor".

   Los autores tachan los reglamentos internos de estos centros que no permiten a las alumnas musulmanas llevar el hiyab de "inconstitucionales" y con "prejuicios intolerantes". Además, critican que estos colegios son "apoyados por las autoridades educativas autonómicas y nacionales invocando la autonomía de los centros".

   En todo caso, el documento señala que "la mayoría" de la ciudadanía española está "a favor del ejercicio de la libertad individual de la mujer en su vestimenta" y que "no existe un debate social para marginar a la sor musulmana". No obstante, percibe "conatos e intentos para incitar al rechazo social" hacia estas mujeres y apunta que persiste la "incomprensión" ante las de "clausura", es decir, las que portan el nicab.

   En este sentido, el texto reproduce un comunicado emitido por la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) en el que explica que "el Islam condena y rechaza todo tipo de maltrato e incitación al maltrato a la mujer" y en el que aclara que "más de 80 versículos del Corán" tratan sobre este tema.

ACEPTACIÓN EN LA SOCIEDAD

   En general, el trabajo refleja que la sociedad española, en general, "acepta la presencia musulmana en su entorno con normalidad ciudadana", aunque puntualiza que aún permanece un cierto porcentaje, variable según localidad, de personas a las que "no les gusta la visibilidad" de lo musulmán. En este sentido, señala que algunos cargos políticos buscan "excusarse" ante la denegación de prestación de servicios públicos.

   Asimismo, los autores han detectado en los últimos años un "asentamiento de la islamofobia con la xenofobia racista" y una "clara significación de ciertas personalidades y medios declarando estar de acuerdo y alentando esta discriminación por religión y nacionalidad". Por ello, dicen que queda un trabajo "importante" por hacer de cara a la normalización de los muslimes, una tarea en la que, según subrayan, se van "implicando" los poderes públicos "con mayor voluntad política".

   En España viven más de 1,7 millones de musulmanes de los cuales el 50 por ciento son marroquíes, el 30 por ciento españoles y el 20%, de otra nacionalidad, según los últimos datos de 2013.