El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha incidido en la importancia de recuperar la "credibilidad" que perdió la institución a raíz de las irregularidades cometidas por su predecesor, Carlos Dívar. En este contexto, ha señalado que en junio de 2012 se aprobó un nuevo régimen de control de gastos "tan restrictivo que al final se han pasado de rosca".  

  Como ejemplo, Moliner ha detallado que cada vez que viaja necesita una autorización previa de la Comisión Permanente y que los gastos que puede hacer son "muy restringidos". "Me exigen viajar en turista", algo que es "excesivo" porque "no es la mejor imagen para el presidente del Tribunal Supremo", ha estimado.   

 Por último, ha comentado que antes de llegar al cargo no se imaginaba que iba a tener una comunicación "tan positiva" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.   

 Aun así, ha admitido, sin entrar en detalles, que esa comunicación "se puede mejorar" consiguiendo "un entendimiento en temas legislativos que afectan a la justicia" e intentando "bajar determinados niveles de ruido".   

 Asimismo, ha afirmado que si se diera "algún caso concreto" en el que las nuevas tasas "limitaran gravemente el acceso a la Justicia", se podría concluir que la ley que las impuso es "inconstitucional".  

  En su opinión, "el problema no es tanto que haya tasas, sino el quantum de esas tasas". "En algún caso concreto (...), la tasa prevista puede ser disuasoria hasta el punto de que haya alguien que no pueda litigar, y ese sería el problema", ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.  

  Así, ha recordado que, según el Tribunal Constitucional, "el sistema de tasas en sí mismo solo sería inconstitucional si impidiera o limitara gravemente el acceso a la justicia". "Si lo limitara gravemente en un caso concreto, podríamos decir que la ley es inconstitucional", ha añadido.   

 En este contexto, ha admitido que, en los procedimientos judiciales, aquellas personas que cuentan con más recursos económicos "tienen mejores abogados" y "pueden conseguir que los asuntos tarden en resolverse".  

  En cuanto a la decisión de los jueces de hacer huelga para expresar su rechazo a ciertas medidas del Gobierno, Moliner ha explicado que no ha tenido consecuencias porque "no hay un acuerdo unánime sobre el derecho de huelga" de estos profesionales. Sin embargo, ha dicho que no comparte esa forma de protestar en este caso porque se trata de "un poder del Estado" y no lo ve "compatible con el principio de tutela judicial efectiva".

INTERPRETACIÓN DE LA LEY ANTE LOS DESAHUCIOS   

 También se ha referido a aquellos jueces que se han pronunciado en contra de la legislación relativa a los desahucios por ejecuciones hipotecarias. "Pueden manifestarse, decir cosas, pero en su actuación judicial es donde se demuestra su condición de juez", ha comentado.

   En este sentido, ha afirmado que "lo que se va a hacer es cumplir la ley con criterio constitucional", pero ha matizado que hay "muchas posibilidades de interpretación y aplicación de la ley". "Yo he tenido ejecuciones hipotecarias y desahucios de arrendamientos y siempre he podido evitar que a una persona en situación de exclusión social se la tire a la calle", ha ilustrado.

REFORMA DEL CGPJ   

 Sobre la reforma del CGPJ, su presidente ha dicho que el tema de las competencias que tiene este órgano es "una línea roja que ni el Gobierno tiene intención de sobrepasar". "Toda la vida judicial la administra el Consejo, y eso no se puede eliminar ni se piensa eliminar", ha insistido.  

  En cuanto a los jueces interinos, ha aclarado que con la nueva normativa "no se suprimen", sino que "se reducen". Moliner ha elogiado la labor de estos jueces, que han ayudado a "soportar las cargas de la Justicia, que en este país son muy elevadas" porque "el número de jueces titulares es insuficiente".  

  Sí se ha mostrado a favor de una mayor despolitización del CGPJ, ya que es un órgano que debe funcionar con "autonomía". Para ello sería necesario, a su entender, que sus miembros fueran "personas de consenso" elegidas "por el Congreso y por el Senado, no por los partidos".