En El desmoronamiento de España señala Alberto Recarte:  “La Constitución permite que los partidos políticos controlen el poder judicial y el Tribunal Constitucional (…) Aunque menciona la necesidad de que (los partidos)  funcionen con democracia interna (…) no pone ningún medio para garantizarla. Por si estas concesiones no fueran suficientes, no limita su financiación con cargo a los presupuestos público y permite financiar, también con fondos presupuestarios, las campañas electorales. Hasta tal punto que un uso prudente de dichos fondos permitiría a los partidos no depender en absoluto de las cuotas de sus afiliados ni de donaciones de terceros para funcionar. Esa generosa  política de financiación tuvo por objetivo evitar que los partidos tuvieran la tentación de acudir a la financiación ilegal (…) Con esas premisas los casos de financiación ilegal de los partidos son hoy incomprensibles. Si sigue habiendo corrupción es porque los partidos políticos no están, en la práctica, controlados por ninguna institución pública. Su impunidad es absoluta”. (p. 23).   

  1.- Se da la paradoja de que en democracia votamos a partidos que no son democráticos  

  2.- Agrava tal situación la dependencia del erario por parte de esos partidos: no son partidos sostenidos por sus afiliados, sino que se nos obliga a todos a sostenerlos. Son partidos del estado, no de los ciudadanos.

3.-Tal dependencia  constituye una corrupción institucionalizada. Sorprendentemente, se ha montado para evitar otro tipo de corrupción, obviamente sin resultado positivo. "Nunca hay bastante dinero para ser honrado".

4.- Otra consecuencia malsana es que los mayores partidos disponen de entrada de muchos más medios que lo demás para sus campañas electorales, lo que ayuda a su perpetuación en los diversos planos del poder. Y favorece el aumento innecesario del personal político, atraído por los cargos y sueldos fáciles.

5.- La Constitución permite esas cosas, pero no obliga a ellas.

6.- Esa concepción de los partidos quizá provenga de una situación en que el gobierno de UCD hacía lo imposible por atraerse a los partidos de izquierda y nacionalistas, a costa de ciertos principios cuya trascendencia no captaba Suárez.

7.- Frente a la exigencia constitucional de funcionamiento democrático de los partidos cabe el argumento cínico de que, al ser hoy estos principalmente grandes empresas de colocaciones, la democracia no les atañe: las empresas, como el ejército, la Iglesia, la enseñanza  y otras muchas instituciones, no funcionan ni pueden funcionar de manera democrática. 

  8.- Dejando aparte ese argumento, una posible solución sería una nueva ley de partidos que corrigiera esos graves defectos, obligando a los partidos a depender de las cuotas de sus afiliados y de donaciones tipificadas (ahora que Gadafi dice haber financiado la campaña electoral de Sarkozy –cosa muy posible— deben recordarse cosas parecidas con respecto al Partido Andalucista y al de Tierno Galván, que debieran quedar bien clarificadas). Y estricta fiscalización de las cuentas por un tribunal independiente.

9.- En una democracia es precisa la formación de asociaciones con objetivos concretos. Podría crearse una dedicada a promover la democratización de los partidos, informando a los ciudadanos de la situación. Otro problema de la democracia española es la escasez de este tipo de asociaciones y el mal funcionamiento de la mayoría.