El Observatori DESC, que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular (PP), ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que investigue si el hermano del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, accedió a los informes periciales elaborados por este organismo antes que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

   En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación pide al magistrado que cite a declarar a Rogelio Menéndez como autor de un "argumentario" en el que se recogían algunas de las conclusiones de los informes, que determinaban que las donaciones que el PP recibió en 2008 estaban exentas de tributación aunque la formación "podría" ser "responsable solidario" por haber pagado una parte de la reforma de su sede con dinero negro.

   También reclama que se entreguen "de forma inmediata" los ordenadores que puedan pertenecer a Rogelio Menéndez para comprobar la autoría del texto y que se tome declaración al perito que realizó las dos pericias para que manifieste si "ha dado acceso del documento cuya elaboración le fue encomendada a cualquier tercero ajeno a la causa".

"SECRETO DE LAS ACTUACIONES"

   El Observatori DESC recuerda que la investigación "se encuentra en fase de instrucción y, por tanto, sujeta a secreto de las actuaciones". "Cualquier acceso no autorizado por el juzgado de un tercero a las partes, respecto a un documento investigativo cuya elaboración ha sido solicitada por el instructor, puede ser constitutivo de delito y, por ende, procede realizarse una investigación en el seno del órgano donde tal conducta se ha producido", expone.

   A su entender, la difusión de este "argumentario" arroja "una seria sombra de duda respecto de la imparcialidad del contenido" de los informes aportados por la Agencia Tributaria en el marco de esta causa.

   Además, la acusación popular pide que el perito autor de los informes declare ante Ruz para exponer la metodología que utilizó para concluir que la cuota defraudada por la formación de Mariano Rajoy podría alcanzar los 220.167,04 euros, y que se designe a dos peritos "independientes" para que emitan un informe sobre este capítulo, "a la vista de la especial relación existente entre el Partido Popular y los órgano de gobierno del Ministerio de Hacienda".